El gobernador intimó a un periodista y a medios a rectificarse en 24 horas o presentar pruebas. Advierte que avanzará judicialmente por daños, calumnias e injurias.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció que iniciará acciones civiles por daños y perjuicios a raíz de acusaciones difundidas en el programa televisivo “Telenueve Denuncia”, las cuales calificó como falsas, injuriantes y sin sustento verificable.
En ese marco, el mandatario envió cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, intimándolos a rectificarse públicamente o ratificar con pruebas las afirmaciones realizadas en un plazo de 24 horas.
Según consta en la presentación, Orrego sostiene que se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” mediante expresiones que considera “manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico”, difundidas como si fueran hechos ciertos.
El gobernador remarcó que este tipo de acusaciones excede los límites de la libertad de expresión y genera un daño directo a su honor y buen nombre.
⚖️ Posible avance judicial
En caso de no obtener una rectificación o respaldo probatorio de lo difundido, el mandatario anticipó que avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios, además de impulsar acciones legales por calumnias e injurias.
Desde el entorno del Gobierno provincial indicaron que la imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegítima que afecta la institucionalidad y debe ser abordada en el ámbito judicial.
🧭 Un contexto más amplio
El caso se da en un escenario en el que otros gobernadores también iniciaron o evalúan acciones legales similares contra el mismo periodista.
Entre ellos se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), mientras que mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) analizan avanzar en el mismo sentido.
De esta manera, el conflicto trasciende el ámbito provincial y se inscribe en un debate más amplio sobre los límites entre la libertad de expresión, la responsabilidad informativa y la protección del honor de los funcionarios públicos.
