El Gobierno de España anunció que avanzará con la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, como parte de una serie de iniciativas orientadas a reforzar la protección de niños y adolescentes en el entorno digital.
El anuncio fue realizado este martes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se desarrolla en Dubái y que reúne a jefes de Estado y de gobierno de distintos países.
Según explicó Sánchez, el objetivo es que las plataformas digitales se conviertan en espacios más seguros y saludables. En ese sentido, adelantó que las empresas deberán implementar mecanismos de control efectivos y barreras reales que impidan el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.
El mandatario sostuvo que los niños y adolescentes se encuentran actualmente expuestos a entornos digitales que presentan riesgos vinculados a la adicción, la violencia, los abusos, la pornografía y la manipulación. En ese marco, afirmó que el Gobierno no tolerará la falta de controles y que los directivos de las plataformas serán legalmente responsables por las infracciones que se cometan en los servicios bajo su gestión.
Entre las medidas anunciadas, también se incluye la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y de la amplificación de contenidos ilegales. Además, el Ejecutivo español evaluará junto a la Fiscalía posibles infracciones legales en plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
Sánchez informó asimismo la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar lo que denominó una “huella de odio y polarización” en el entorno digital. En paralelo, recordó que España se sumó a otros cinco países europeos en la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en una regulación más estricta de las plataformas sociales.
Durante su exposición, el presidente español cuestionó el funcionamiento actual de las redes sociales y citó distintos antecedentes vinculados a la difusión de desinformación, el uso indebido de datos personales y la tolerancia de contenidos ilegales, señalando la necesidad de reforzar los marcos regulatorios vigentes.
