El Gobierno nacional avanzó con una modificación en el régimen de incorporación de personal en el Estado y estableció nuevas condiciones obligatorias para la designación de cargos públicos en todos los organismos de la Administración Pública Nacional.
La medida quedó oficializada a través de la Decisión Administrativa 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del nuevo esquema previsto en el Presupuesto 2026. Según se detalla, el objetivo es reforzar los controles sobre la creación, reasignación y cobertura de cargos, así como ordenar el gasto público.
La normativa reglamenta la Ley 27.798 y alcanza tanto a la Administración Central como a los organismos descentralizados y a las instituciones de la seguridad social. También se extiende a cargos equivalentes comprendidos en otros convenios colectivos del sector público nacional.
Uno de los puntos centrales de la decisión establece que cada organismo deberá informar de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de su planta de personal, incluyendo todas las contrataciones realizadas, sin importar su modalidad ni la fuente de financiamiento.
Además, cualquier incorporación de nuevos cargos o modificación de estructuras deberá estar debidamente justificada y acompañada por un informe de costos y financiamiento, requisito indispensable para obtener la aprobación correspondiente.
En el caso de la cobertura de vacantes, la normativa exige contar con un certificado que acredite que el puesto se encuentra efectivamente libre y que existe disponibilidad presupuestaria, lo que limita nuevas incorporaciones sin respaldo financiero.
Otro aspecto relevante es que toda modificación en cargos ejecutivos requerirá la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y de la Secretaría de Hacienda, con aprobación final del Presidente de la Nación. Cada solicitud deberá incluir un análisis detallado de costos y su correspondiente fuente de financiamiento.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a consolidar un esquema más estricto de control del empleo público, alineado con las pautas de gasto definidas para el próximo ejercicio presupuestario.
