Luego del cierre del ciclo electoral, el Gobierno busca avanzar con proyectos y requerimientos que habían quedado frenados.
El oficialismo provincial se prepara para encarar un final de año legislativo cargado, tras haber superado el proceso electoral de octubre y consolidar la mayoría necesaria para designar al Fiscal General propuesto, Guillermo Baigorri. Con el escenario político más ordenado, la prioridad ahora será destrabar los pedidos de informes pendientes sobre la gestión anterior y reactivar la discusión por la Ley de Transporte, iniciativa que quedó envuelta en polémica previo a la veda electoral.
El informe que mayor impacto generó fue el vinculado al Acueducto Gran Tulum. Una evaluación técnica preliminar detectó que unos 10 kilómetros de cañerías colocadas no eran aptas para soportar la presión requerida y debieron ser retiradas. La pérdida, estimada en USD 50 millones, abrió interrogantes sobre un posible daño patrimonial. Aún más preocupante, trascendió que los nuevos caños instalados tampoco serían adecuados, lo que comprometería la funcionalidad del acueducto y sumaría una nueva controversia a una obra ya cuestionada.
Además, la demora en obtener respuestas formales también se volvió un eje de conflicto. Aunque el reglamento fija plazos para responder informes, varios expedientes quedaron congelados tras los primeros meses de gestión. A la revisión del acueducto se suman pedidos sobre obras paralizadas, subsidios al transporte, contrataciones de publicidad oficial y demandas judiciales que podrían implicar costos significativos para la provincia.
Desde la oposición también se activaron solicitudes: informes sobre residencias geriátricas, intervención de clubes, compra de kits escolares y el eventual apoyo a Flybondi, entre otros. Con el ciclo electoral ya concluido, el oficialismo busca avanzar con la agenda legislativa y definir si los debates trabados antes de las urnas lograrán finalmente avanzar o volverán a quedar atrapados en la disputa política.
