El 10 de diciembre de 2025 se cumplen dos años desde que Marcelo Orrego asumió como gobernador de San Juan, en un hecho que marcó un giro político luego de dos décadas de hegemonía peronista. Representando a Unidos por San Juan, coalición afín a Juntos por el Cambio, Orrego llegó al Ejecutivo con la promesa de ordenar el Estado y recuperar la eficiencia en la gestión. En sus primeros días, redujo un 30% de los cargos políticos heredados y dejó sin efecto nombramientos de último momento de la administración saliente. El inicio fue de fuerte impronta administrativa, y con el correr del tiempo la gestión fue desplegando una agenda que combinó control fiscal, reactivación productiva, políticas sociales focalizadas y vínculos institucionales con Nación, sin perder identidad provincial.
En materia económica, el contexto nacional signado por inflación alta, caída del consumo y recorte de fondos obligó a respuestas locales adaptadas. Orrego impulsó medidas para sostener el empleo y la producción, incluyendo créditos blandos a sectores agroindustriales, acuerdos salariales con estatales y programas de alivio tributario. A fines de 2024, la provincia mantenía un déficit fiscal contenido y exhibía indicadores por debajo del promedio nacional en inflación, pobreza y desempleo. Se redujeron alícuotas del inmobiliario y el automotor, se lanzó una moratoria para contribuyentes y se digitalizó más del 90% de los trámites tributarios. Aunque los sanjuaninos aún sienten el peso del ajuste nacional, el gobierno buscó remarcar su capacidad de orden fiscal sin paralizar la actividad.
El repunte exportador fue uno de los datos más relevantes del período: en 2024, San Juan encabezó el crecimiento exportador nacional con un aumento del 62,7% interanual en valor, apalancado por la minería y la agroindustria. A este crecimiento se sumó la expansión de la conectividad digital, con la extensión de fibra óptica a más de 50 escuelas, centros de salud y comisarías en departamentos como Jáchal, Iglesia y Calingasta. Estas acciones formaron parte de una estrategia integral para mejorar competitividad y reducir brechas territoriales, especialmente en zonas alejadas. En paralelo, se intentó aliviar el impacto de la inflación sobre los sectores medios y bajos mediante políticas de contención y obras con impacto directo en la vida cotidiana.
La minería se consolidó como política de Estado. En 2024, San Juan concentró el 54% de toda la inversión en exploración minera del país. Orrego participó en la cumbre internacional PDAC 2025 en Canadá para posicionar a la provincia como destino clave para el desarrollo del cobre, mineral estratégico en la transición energética global. Bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se anunció un primer proyecto por USD 1.000 millones, y la provincia avanzó en acuerdos sociales, digitalización de trámites y articulación con proveedores locales. Aunque la actividad generó miles de empleos directos e indirectos, también despertó tensiones ambientales, especialmente en Jáchal, donde vecinos y organizaciones reclamaron mayor control sobre la calidad del agua. El gobierno respondió reforzando auditorías y destacando el uso social de fondos mineros, pero la tensión entre desarrollo y sostenibilidad sigue latente.
En obra pública, Orrego apostó fuerte a la reactivación de proyectos paralizados. Durante 2024 se entregaron más de 1.000 viviendas sociales en departamentos como Rawson, Iglesia y Pocito, convirtiendo a San Juan en la primera provincia en reanudar obras tras la crisis nacional. Se avanzó también en caminos, iluminación LED en rutas clave y acueductos en zonas de difícil acceso. Un punto crítico fue la megaobra del Dique El Tambolar: en 2024 el gobierno provincial rescindió el contrato original por problemas financieros y busca relanzar su ejecución en 2026 con nuevos inversores. Aunque eso implicó una pausa en un proyecto estratégico, desde el Ejecutivo sostienen que fue una decisión necesaria para garantizar su viabilidad. En resumen, el gobierno celebra haber sostenido el ritmo de obras pese al recorte de fondos nacionales.
En salud, se destacaron inversiones en infraestructura y personal. El Hospital Dr. Tomás Perón de Iglesia, de 3.500 m², fue inaugurado en septiembre de 2024 con equipamiento de alta complejidad y más de 110 trabajadores, en parte financiado por fondos mineros. Se ampliaron también áreas críticas del Hospital Rawson, con una inversión de $12.500 millones para 76 nuevos consultorios. A pesar de estos avances, la crisis inflacionaria impactó en el abastecimiento de insumos y sobrecargó la atención primaria. El Ejecutivo reforzó partidas y coordinó con Nación el envío de medicamentos esenciales. Campañas de vacunación ayudaron a sostener coberturas, incluso en contextos complejos como la post-pandemia. El desafío sigue siendo equilibrar infraestructura con condiciones laborales y recursos constantes para todo el territorio.
En educación, la gestión invirtió en la refacción de 300 escuelas sobre un total de 458, priorizando aquellas en situación crítica. También se fortaleció la conectividad en zonas rurales y se anunció la creación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan. Sin embargo, los conflictos docentes marcaron algunos momentos del año 2024, con paros y reclamos por pérdida salarial. Orrego ofreció incrementos escalonados y absorbió con fondos provinciales el Incentivo Docente eliminado por Nación. En 2025 se pactaron actualizaciones trimestrales según IPC, logrando cierta estabilidad. El Boleto Escolar Gratuito para alumnos de niveles obligatorios fue una de las más recientes e importantes políticas educativas implementadas en este período.
En seguridad, se modernizó el equipamiento policial y se firmó el Plan Regional de Seguridad Cuyo junto a Mendoza y San Luis, creando una zona de control unificada en el límite interprovincial. Con tecnología de punta y bases de datos integradas, se reforzó la lucha contra delitos itinerantes. También se impulsaron operativos en zonas críticas y se desarticularon bandas delictivas. No obstante, hubo episodios que generaron preocupación y derivaron en cambios de autoridades. En 2024 se removió al secretario de Seguridad y al jefe de Policía. El gobierno afirma estar depurando el sistema para mejorar resultados, aunque los reclamos sociales exigen mayor presencia estatal y respuestas frente al delito común.
El vínculo con el gobierno nacional atravesó momentos de cooperación y tensión. Orrego apoyó la estabilidad fiscal promovida por Javier Milei, pero se distanció en temas puntuales, marcando diferencias con la Casa Rosada. En febrero de 2024, tras una fallida sesión parlamentaria, Nación acusó de “traición” a algunos gobernadores, por rechazar ajustes que afectaban a las provincias. En octubre de ese año, las diputadas sanjuaninas aliadas al gobernador votaron en contra del veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, marcando una posición propia. Aun así, hubo acuerdos en minería y obras energéticas, y San Juan fue una de las 18 provincias que firmó el compromiso federal convocado por el Presidente. La relación, en términos generales, fue institucional, con diferencias puntuales y canales de diálogo abiertos.
A dos años, el balance de la gestión Orrego muestra una administración ordenada, con avances concretos en obra pública, minería, salud y modernización del Estado. Los indicadores económicos reflejan cierta resiliencia frente al escenario nacional. Sin embargo, la pobreza, el empleo informal y las tensiones salariales siguen siendo retos abiertos. El gobernador mantuvo un perfil moderado, articulando con Nación sin subordinarse, y construyó mayoría legislativa con aliados circunstanciales. Los próximos dos años serán clave para consolidar lo hecho, saldar cuentas pendientes y demostrar que el cambio político iniciado en 2023 puede sostenerse con resultados palpables y políticas de largo plazo
