La polémica por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos derivó en las primeras denuncias penales, que ya comenzaron a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py.
El sorteo realizado este lunes determinó que una de las causas quede a cargo del juez Daniel Rafecas, mientras que la segunda recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual e involucra al expresidente del banco, Daniel Tillard, y al funcionario del Banco Central Juan Ernesto Curuchet. En este caso, se investigan presuntos delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En paralelo, la segunda presentación fue impulsada por la diputada Mónica Frade junto al legislador Esteban Paulón. Además de Tillard, la denuncia incluye a funcionarios y dirigentes que habrían accedido a los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe y Emiliano Mongilardi, entre otros.
Las denuncias surgieron luego de la difusión de información sobre préstamos otorgados por la entidad a funcionarios del oficialismo y legisladores, lo que generó pedidos de informes en el Congreso y cuestionamientos desde la oposición.
Desde el Gobierno nacional, el canciller Pablo Quirno defendió la operatoria y aseguró que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que cualquier cliente que cumpla los requisitos del banco. En esa línea, el ministro de Economía Luis Caputo también respaldó a los funcionarios involucrados y sostuvo que no existieron privilegios.
Según fuentes oficiales, los préstamos cuentan con garantías y condiciones de mercado, y remarcaron que no hubo irregularidades en su otorgamiento. No obstante, la Justicia deberá determinar si existieron inconsistencias entre los montos recibidos y la capacidad patrimonial de los beneficiarios, uno de los ejes centrales de las denuncias.
El caso ya tuvo su primera consecuencia política: la salida de un funcionario del Ministerio de Capital Humano tras conocerse que había accedido a uno de estos créditos. Mientras tanto, el Gobierno anticipó que presentará toda la documentación requerida para esclarecer la situación en sede judicial.
