La Unidad Fiscal San Juan formalizó una investigación penal preparatoria contra 16 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes, con ramificaciones en distintos puntos del centro-sur de la provincia y también dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
La causa es impulsada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal y alcanza a nueve hombres y siete mujeres, tras una pesquisa que se extendió durante más de nueve meses. Como resultado de esa investigación, el pasado 4 de diciembre se realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos departamentos de San Juan y en el penal de Chimbas.
La imputación fue formulada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, junto a la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, durante una audiencia de formalización que se llevó a cabo el sábado 6 de diciembre ante la jueza de Garantías Eliana Rattá.
A pedido de la fiscalía, la magistrada estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación penal preparatoria y dispuso distintas medidas cautelares. Entre ellas, ordenó la prisión preventiva para nueve imputados (ocho hombres y una mujer), el arresto domiciliario para cuatro mujeres, y para los tres acusados restantes la aplicación de medidas de coerción alternativas, como la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia, el compromiso de someterse al proceso y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Todas las medidas fueron fijadas por un plazo inicial de 90 días.
Según lo expuesto durante la audiencia, la organización tenía una estructura definida, con división de roles y distintos niveles de participación, y operaba en la comercialización de cocaína, incluso con introducción y distribución de sustancias dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
En el marco de la causa, los 16 acusados fueron imputados por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, en la modalidad de comercio de drogas doblemente agravado, tanto por la cantidad de personas involucradas como por la introducción y comercialización de sustancias en un establecimiento penitenciario, en calidad de coautores.
Finalmente, la jueza ordenó la realización de diversos peritajes, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados y la inhibición general de bienes, con el objetivo de profundizar el análisis del circuito económico de la organización criminal.
