Milei firmó un DNU migratorio que no define qué es un ‘mensaje de odio’

El Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, oficializó un decreto que suma dos nuevos motivos para negar el ingreso al país o cancelar una residencia: haber emitido mensajes de odio o incitado a la violencia contra los argentinos por su nacionalidad, y haber cometido actos de agravio contra los símbolos patrios. La medida se conoció mientras la Casa Rosada denuncia una supuesta campaña internacional en contra de la Argentina.

El trasfondo de la decisión son las críticas públicas que recibió el país tras la final del Mundial 2026, con voces como las del actor Samuel L. Jackson, la cantante Rosalía, el músico Niall Horan y el escritor Arturo Pérez-Reverte. Milei había responsabilizado, sin presentar pruebas, a los gobiernos de Brasil y México y al Partido Demócrata estadounidense por instigar esos cuestionamientos, en simultáneo con un conflicto diplomático con Brasil luego de que llamara ‘ladrón’ y ‘presidiario’ a Lula da Silva.

El texto del decreto no explica cómo se identificará a una persona que haya difundido ese tipo de mensajes antes de que cruce la frontera o mientras permanece en el país. Tampoco crea un mecanismo de verificación propio, por lo que su implementación dependería de denuncias, coberturas periodísticas o repercusiones en redes sociales, y no de controles establecidos en los puestos migratorios. La Dirección Nacional de Migraciones, que pasó a depender de Seguridad Nacional a fines de 2025, sigue sin contar con personal propio para ese control y delega la tarea en Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

No es la primera vez que el oficialismo busca modificar la ley migratoria por decreto: en junio pasado, la Cámara Nacional Electoral había anulado por inconstitucional otro DNU que le daba a Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía, tarea reservada históricamente a jueces federales. El tribunal argumentó entonces que el Ejecutivo no había demostrado una urgencia real que impidiera esperar el trámite legislativo. Especialistas señalan que el nuevo decreto repite ese patrón, ya que invoca como excusa una ola de críticas en redes sociales y deja en manos de funcionarios administrativos, sin intervención judicial, la definición de qué es un mensaje de odio y qué es simplemente una crítica política o periodística.