A horas de que venza el plazo, Manuel Adorni pidió a la Justicia más tiempo para justificar su patrimonio

El exjefe de Gabinete debe responder 20 preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita sobre el origen de fondos, operaciones inmobiliarias, gastos y movimientos financieros. Su defensa sostiene que aún no tuvo acceso a elementos de la investigación.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entra en una instancia clave. Este miércoles vence el plazo de 15 días que la Fiscalía le otorgó al exfuncionario para que presente explicaciones sobre distintos aspectos de su evolución patrimonial.

Según fuentes vinculadas al expediente, la defensa de Adorni solicitó a la Justicia suspender el requerimiento de justificación patrimonial hasta contar con acceso a determinados elementos de la causa que considera necesarios para responder.

El pedido fue realizado por su abogado, Matías Ledesma, quien además solicitó acceder al teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en la vivienda de Adorni ubicada en el country Indio Cuá. El planteo está limitado a la información relacionada con las obras efectuadas en el inmueble y con el vínculo entre ambos.

El juez federal Ariel Lijo todavía no resolvió ese pedido. La defensa sostiene que acceder a esos elementos le permitiría contar con mayor información antes de responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Qué quiere explicar la Fiscalía

El requerimiento fue elaborado luego de un análisis patrimonial y financiero realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). El organismo cotejó declaraciones juradas patrimoniales, sus rectificaciones y distintos antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados al expediente.

De acuerdo con el documento judicial, ese análisis permitió detectar “inconsistencias” en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. El informe no estableció un monto concreto de un eventual desbalance, pero identificó incrementos patrimoniales, compras y desembolsos que, hasta ese momento, no encontraban una explicación suficiente al ser comparados con los ingresos lícitos acreditados.

La investigación busca reconstruir la evolución patrimonial del grupo familiar desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para eso se analizaron bienes, inversiones, disponibilidades, créditos, deudas, ingresos y egresos, además de gastos corrientes y extraordinarios.

Entre los puntos que la Fiscalía pidió aclarar se encuentra el origen de dólares en efectivo declarados por Adorni y la documentación relacionada con dos mutuos invocados con familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.

También deberá explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir un Jeep y el lote 380 del country Indio Cuá, así como el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad.

Uno de los puntos específicos está relacionado con los US$245.000 abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda. La Fiscalía solicitó que se individualice el origen de cada suma y se presente documentación respaldatoria. También se incluyó el pago de muebles para el departamento ubicado en Miró 550, que habría sido realizado en dólares y en efectivo.

El requerimiento abarca además la compra y las mejoras del inmueble de Miró 550, ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias, gastos vinculados con viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares.

El capítulo de las criptomonedas

Otro de los puntos centrales está relacionado con la inversión en bitcoin. La Fiscalía busca determinar si Adorni puede aportar documentación que permita acreditar el origen de los US$200.000 que, según declaró, había invertido en esa criptomoneda.

Además, Pollicita pidió conciliar los gastos y movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.

En ese análisis también aparecen comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de seis millones de pesos cuyo pago no habría podido ser conciliado con los movimientos financieros examinados.

El requerimiento incluye otros puntos vinculados con cancelaciones de deudas bancarias, honorarios notariales, consumos realizados por usuarios adicionales de tarjetas, una facturación superior a cuatro millones de pesos emitida por una concesionaria a nombre de Angeletti y acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni.

Finalmente, la Fiscalía solicitó precisiones sobre el criterio utilizado para valuar las mejoras realizadas tanto en el inmueble de Miró 550 como en el lote de Indio Cuá y sobre el origen de los fondos destinados a esas obras.

Por ahora, la defensa busca que el plazo para responder quede suspendido hasta que pueda acceder a los elementos que reclama. La decisión sobre ese planteo está en manos del juez Ariel Lijo.