El Ejecutivo provincial dio marcha atrás en su decisión inicial de poner a la venta la flota antigranizo y optó por ceder dos aviones a los municipios de San Rafael y General Alvear.
Esta medida busca delegar la operación de la lucha antigranizo a los gobiernos locales, mientras que la administración central redirigirá sus fondos hacia el pago directo de compensaciones a los productores afectados.
Tras una oleada de críticas, el gobierno justificó su cambio de estrategia, argumentando que las tormentas severas persisten incluso con aviones en vuelo, por lo que priorizarán la asistencia financiera post-evento.
La oposición local criticó duramente la medida, señalando que los municipios no tienen la infraestructura necesaria para absorber costos operativos elevados.
