El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia el escrito con el que busca justificar la evolución de su patrimonio durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando dejó el Gobierno.
La presentación responde al requerimiento realizado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente tramita ante el juez federal Ariel Lijo.
La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, sostuvo que la evolución patrimonial del exfuncionario puede ser explicada mediante documentación contable, técnica y financiera y afirmó que no existe un incremento patrimonial sin justificación.
Adorni había solicitado una prórroga para presentar el descargo. La Justicia le había concedido tiempo adicional para responder los distintos puntos planteados por la fiscalía.
Los ahorros en criptomonedas
Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con los fondos que Adorni atribuye a inversiones en Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública.
El exfuncionario había reconocido públicamente que contaba con ahorros que no habían sido incluidos originalmente en sus declaraciones juradas. Posteriormente rectificó esas presentaciones para incorporar los fondos.
En el escrito presentado ahora ante la Justicia, su defensa aportó documentación con la que busca acreditar que las inversiones existían antes de que Adorni asumiera como funcionario.
Según la presentación, esos fondos se originaron en operaciones realizadas entre 2014 y 2017 y formaban parte de ahorros familiares mantenidos fuera del sistema bancario.
La defensa argumentó que el ahorro informal en efectivo y moneda extranjera fue una práctica extendida en Argentina durante períodos de inestabilidad económica y restricciones cambiarias.
La diferencia de más de $43 millones
Uno de los puntos centrales del requerimiento fiscal es la diferencia detectada entre los ingresos y los gastos reconstruidos durante el período analizado.
Según la fiscalía, el grupo familiar registró ingresos lícitos computados por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549.
La defensa de Adorni cuestionó la interpretación de esa diferencia y sostuvo que representa una brecha residual respecto del volumen total de movimientos reconstruidos.
En ese sentido, argumentó que las estimaciones están condicionadas por factores como las cotizaciones utilizadas, la depuración de movimientos internos y operaciones cuyo origen no pudo ser identificado inicialmente.
La fiscalía deberá evaluar ahora si las explicaciones y documentación presentadas permiten despejar esas diferencias.
Las refacciones de la casa de Indio Cuá
Otro de los puntos relevantes de la investigación está relacionado con las obras realizadas en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá.
El contratista Matías Tabar había declarado ante la Justicia que las refacciones tuvieron un costo de aproximadamente US$245.000.
La defensa del exfuncionario rechazó ese monto y sostuvo que el desembolso real fue de US$174.954,58. Según la presentación, esa cifra coincide con la documentación contable aportada y con una estimación independiente realizada por un perito arquitecto sobre el valor de mercado de la obra.
La cuestión forma parte de los movimientos patrimoniales que Pollicita había pedido explicar.
Compras realizadas a nombre de terceros
La defensa también respondió sobre distintas compras de bienes que quedaron registradas a nombre de personas del entorno de Adorni.
Uno de los casos mencionados corresponde a la adquisición de un monitor gamer y dos proyectores, por un total de $5.848.589, que fueron facturados utilizando tarjetas de crédito de terceros.
También aparece una compra de sommiers y ropa blanca por $8.183.383, registrada a nombre de una funcionaria que trabajaba con Adorni.
La defensa sostuvo que en esos casos no existió una maniobra destinada a ocultar bienes, sino que se trató de situaciones vinculadas con relaciones de confianza y con la delegación de determinadas compras personales.
Respecto de otra persona mencionada en el expediente, Luis Enrique Aluju, la defensa señaló que este declaró que uno de los proyectores había sido adquirido para él y que fue enviado al domicilio de Adorni únicamente para que alguien pudiera recibirlo.
La participación de terceros en adquisiciones y pagos había sido uno de los puntos incluidos por Pollicita en su requerimiento de explicaciones.
Qué puede pasar ahora
Con la presentación de Adorni, la próxima etapa queda en manos de la fiscalía, que deberá analizar la documentación y los argumentos de la defensa.
Si Pollicita considera que las explicaciones no resultan suficientes, podrá solicitar nuevas medidas y eventualmente pedir que Adorni sea citado a declaración indagatoria. En cambio, si considera que los puntos cuestionados fueron razonablemente explicados, el rumbo de la investigación podría ser diferente.
Por el momento, la causa continúa abierta y no existe una resolución judicial que determine la existencia de enriquecimiento ilícito por parte del exfuncionario.
