El juez federal Martín Cormick hizo lugar a la solicitud del Colegio Público de la Abogacía porteño y ordenó la suspensión provisional de dos disposiciones clave de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Esos artículos tocaban aspectos centrales como la responsabilidad legal de los letrados en procesos del fuero laboral y las condiciones para cobrar honorarios profesionales.
Los abogados porteños argumentaron que esas normas violaban garantías constitucionales relacionadas con el ejercicio profesional y consideraban que los honorarios tenían carácter alimentario. La decisión judicial genera un inconveniente para el Poder Ejecutivo en su objetivo de reducir costos y cambiar la dinámica de los litigios laborales.
Se trata del segundo tropiezo reciente del gobierno nacional en los tribunales respecto a su agenda de desregulación. Con esta medida cautelar, el Ejecutivo deberá esperar a que la Justicia se expida sobre la constitucionalidad de fondo de las disposiciones cuestionadas.
La suspensión es provisoria y la normativa permanece en suspenso mientras avanza el análisis judicial más profundo sobre si las modificaciones se adecúan o no a la Constitución Nacional.
