El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, hizo lugar a un reclamo del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal y frenó la aplicación de los artículos 10 y 56 de la reforma impulsada por el gobierno nacional. La medida cautelar rige por tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva en el caso.
Una de las principales críticas que fundamentó la suspensión fue que la reforma establecía un criterio objetivo para determinar cuándo un abogado incurre en ‘pluspetición inexcusable’ —cuando pide más dinero del que finalmente se reconoce en el fallo— sin considerar las particularidades de cada caso. El juez consideró que esta nueva regla genera demasiada incertidumbre y responsabilidad excesiva para los profesionales.
También cuestionó la falta de claridad respecto a si los planes de pago de sentencias laborales en cuotas incluyen o no el pago de honorarios de los abogados. Por ello ordenó aplicar las normas anteriores para esos cobros y suspendió cambios sobre los acuerdos de cuota litis, que fijan la retribución profesional como porcentaje del resultado del juicio.
El Colegio de Abogados argumentó que estas disposiciones perjudicaban el derecho a percibir retribución por el trabajo realizado y comprometían la defensa de trabajadores en juicio. La acción de amparo continúa para que se resuelva si la reforma es inconstitucional, una cuestión que aún está pendiente en la causa.
La suspensión no declara la inconstitucionalidad definitiva de las normas, solo paraliza temporalmente su vigencia mientras continúa el análisis del fondo del expediente.
