El proyecto obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y cuatro abstenciones, lo que permitió alcanzar la media sanción con un respaldo transversal. El acuerdo fue posible gracias a negociaciones que sumaron al peronismo junto con La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, bajo el liderazgo del presidente de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad.
La iniciativa mantiene los beneficios principales de la ley de emergencia anterior, como la compatibilidad entre cobrar pensión por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y tener un empleo formal o monotributo. También se preserva el nomenclador único de prestaciones y se asegura que los aranceles se actualicen automáticamente según el índice de movilidad jubilatoria. La diferencia clave es que esta nueva ley será permanente, no transitoria ni dependiente de gobiernos específicos.
En materia de financiamiento, se establece que el Ministerio de Salud debe asignar presupuesto no inferior al año anterior en términos reales. Además, se crean auditorías periódicas con intercambio de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Se incorporó también una cláusula transitoria que obliga a pagar las deudas pendientes a prestadores dentro de 30 días desde la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Durante toda la jornada de votación, referentes de Unión por la Patria dialogaron con representantes de organizaciones de personas con discapacidad para lograr consenso. Buscaban que apoyen el dictamen de mayoría en lugar de mantener la prórroga de emergencia hasta fin de 2027. El proyecto ahora va al Senado para continuar el trámite legislativo.
