La iniciativa sobre ludopatía infantil entrará en debate legislativo pese a que el Gobierno manifestó su rechazo frontal y hasta amenazó con vetar la ley si era sancionada por el Congreso. La movida de Bullrich representa un nuevo punto de tensión dentro del oficialismo y marca distancia respecto a la posición presidencial sobre este tema.
El proyecto tiene media sanción desde Diputados y enfrenta un plazo crítico: perderá estado parlamentario a fines de noviembre si no avanza. Opositores ya remitieron una nota formal a los presidentes de las comisiones pertinentes exigiendo que se trate antes de esa fecha límite, mientras la Pastoral Social también presionó al Senado con un documento que destacó el impacto destructivo que la ludopatía genera en miles de familias.
Fuentes dentro de la propia bancada libertaria reconocieron su incomodidad ante el anuncio de Bullrich, ya que el proyecto choca directamente con los intereses de la administración Milei. El Gobierno había presentado su propia propuesta hace meses, pero esta permanece sin tratamiento en comisión desde marzo.
Este movimiento consolida el perfil autónomo de la exministra y marca un nuevo episodio de fricción interna en la coalición gobernante. Las tensiones legislativas reflejan divisiones más profundas sobre prioridades políticas y la capacidad del Ejecutivo de controlar la agenda del Congreso.
