La audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero estableció tres imputaciones contra Uñac: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación a los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los tres delitos fueron atribuidos en carácter de autor.
La investigación se abre en torno a las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra hídrica que quedó sin concluirse. Junto a Uñac, también fue involucrado en la causa el actual diputado nacional Cristian Andino, quien se desempeñó como presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
El proceso judicial también abarca a otros funcionarios y directivos, entre ellos el exministro de Infraestructura Julio César Ortiz Andino y exdirectores de OSSE como Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós. Asimismo, figuran Gustavo Fabián Mastelono, representante de Krah América Latina, y varios directivos de distintas áreas del organismo.
El objetivo de la investigación es determinar las responsabilidades en las decisiones administrativas adoptadas, las condiciones de contratación acordadas y la provisión de materiales utilizados en la obra, con el fin de establecer qué corresponde a cada funcionario, técnico y representante empresario involucrado.
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