La denominada Ley Joaquín —que lleva el nombre de un niño de 12 años fallecido en Neuquén en enero— establece medidas de seguridad obligatorias para todos los equipamientos deportivos del país. La normativa alcanza a instituciones públicas y privadas, así como a organismos que administren espacios recreativos donde haya instaladas estas estructuras. El control, mantenimiento e inspección periódica de los elementos quedan ahora bajo responsabilidad directa de los propietarios.
San Juan ha sufrido tres tragedias similares desde 2020. En febrero de ese año, un arco de hierro cayó sobre Ramiro Rato, de 2 años, en Rivadavia; el niño murió en el Hospital Rawson tras dos días internado. En mayo de 2021, Hilario Uriel Uribe, de 4 años, perdió la vida en Barreal cuando se desplomó un arco en un salón de eventos sin habilitación municipal. El propietario del predio y el encargado del lugar quedaron detenidos.
El caso más reciente ocurrió en noviembre pasado, cuando Martín Páez, de 13 años, murió en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía en Rawson. El adolescente se colgaba del travesaño de un arco metálico que cedió bajo su peso y cayó sobre él. La ley ahora regula arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, además de aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza.
La legislación aprobada en la Cámara Alta busca prevenir estos accidentes fatales mediante la implementación de controles periódicos y la fijación permanente de todas las estructuras. La sanción representa un avance en materia de seguridad pública en espacios de esparcimiento, después de que las familias afectadas exigieran cambios en la normativa durante años.
