El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles de la educación privada. Desde el Ministerio de Educación de San Juan aseguran que aún analizan el alcance del decreto.
El Gobierno nacional dispuso, mediante el decreto 787 publicado en el Boletín Oficial, la desregulación de los aranceles de los colegios privados. A partir de esta medida, los establecimientos educativos de gestión privada podrán fijar libremente los precios de sus cuotas y matrículas sin necesidad de autorización previa del Estado.
La decisión, impulsada por la administración de Javier Milei, deroga un sistema que llevaba más de 30 años vigente, en el que la administración y control de los aranceles dependía del Estado nacional.
Según el texto oficial, la medida busca “revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
Además, el decreto sostiene que las regulaciones previas presentaban “limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”.
📍 Repercusiones en San Juan
Ante la consulta de CuyoVisión Noticias, fuentes del Ministerio de Educación de San Juan confirmaron que ya solicitaron el decreto y que se encuentran evaluando si existe alguna normativa provincial complementaria.
“Estamos analizando el alcance del decreto nacional y verificando si hay alguna otra normativa en San Juan. Aún no tenemos disposiciones específicas sobre su aplicación local”, informaron desde la cartera educativa.
Por el momento, desde el ministerio sanjuanino no se emitió una resolución que obligue o habilite formalmente a los colegios privados a aplicar la desregulación. Las autoridades aclararon que esperarán una revisión jurídica antes de definir los pasos a seguir.
🧾 El nuevo esquema
Con este cambio, las instituciones privadas tendrán autonomía plena para determinar los valores de cuotas, matrículas y servicios complementarios, en función de sus costos operativos y estructura interna.
La medida genera expectativas en el sector educativo privado, pero también inquietud en las familias, que advierten que el aumento de los costos podría impactar en el acceso a la educación en todos los niveles.
