Una presentación judicial pidió investigar maniobras vinculadas a la licitación, provisión de cañerías y eventuales perjuicios económicos ocurridos durante la anterior administración provincial.
Una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, infraestructura clave destinada a duplicar el abastecimiento de agua para todo el Gran San Juan. El escrito señala posibles maniobras administrativas y técnicas ocurridas durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, y solicita determinar responsabilidades.
Según la presentación, el proceso de licitación para la provisión de tuberías habría estado direccionado a favor de una empresa adjudicataria, pese a advertencias técnicas previas sobre la calidad inferior de los materiales. Otras firmas oferentes aseguraron que los pliegos se diseñaron de manera que las dejaba en desventaja, y que las tuberías seleccionadas no cumplían con los estándares necesarios para soportar la presión del acueducto.
El expediente remarca también que, aunque la obra fue financiada mediante un préstamo internacional cercano a los 100 millones de dólares —que la Provincia ya comenzó a devolver—, los trabajos no están finalizados y mantienen observaciones técnicas, mientras los pagos fueron efectuándose durante la gestión de Uñac. Esto podría configurar un perjuicio económico millonario para el Estado provincial que deberá ser evaluado por la Justicia.
La denuncia solicita que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales investigue el proceso completo: licitación, compras, informes técnicos y la participación de funcionarios o exfuncionarios de ese período. Además se pide convocar a ingenieros, técnicos y autoridades que intervinieron en la obra para esclarecer responsabilidades.
Un punto clave es la urgencia procesal: el escrito advierte que el 10 de diciembre vence el plazo legal para impulsar acciones penales por presunto enriquecimiento patrimonial ilícito contra exfuncionarios, por lo que se solicita avanzar con celeridad para evitar que determinados hechos queden fuera del alcance judicial.
La presentación incorpora informes y publicaciones periodísticas que documentaron advertencias previas sobre calidad de materiales, sobreprecios y cuestionamientos al proceso de adjudicación durante la anterior administración. La Justicia deberá ahora analizar esa evidencia y definir los próximos pasos.
