Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el oficialismo apunta a reactivar en febrero el debate por la modernización laboral y el nuevo Código Penal, en medio de reparos de las provincias por el impacto fiscal.
Luego de la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional decidió avanzar con la reforma laboral y concentrar esfuerzos en negociar el respaldo de los gobernadores, con la mira puesta en tratar la iniciativa durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Según fuentes legislativas, la intención del oficialismo es volver a convocar al Congreso para debatir la modernización laboral en el Senado, mientras que el nuevo Código Penal sería abordado en la Cámara de Diputados. El calendario tentativo ubica el inicio del tratamiento alrededor del 10 de febrero.
Si bien el proyecto de reforma laboral ya cuenta con dictamen, existen puntos que generan dudas entre los gobernadores, especialmente aquellos vinculados a Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria. Desde las provincias advierten que esos artículos podrían afectar la recaudación coparticipable, lo que impactaría directamente en las finanzas provinciales.
“Los gobernadores están un poco preocupados por eso”, señaló una fuente parlamentaria. De acuerdo con senadores consultados, los mandatarios ponen especial atención en los artículos que eliminan tributos sobre la venta de inmuebles y en la baja de alícuotas de Ganancias para empresas en las escalas más altas.
En ese contexto, incluso desde provincias consideradas aliadas al Ejecutivo, que recientemente celebraron la aprobación del Presupuesto y recibieron transferencias de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), manifestaron reparos. “Ya hubo una reducción impositiva para distintos sectores. Si recibimos menos y no se compensa de otra manera, no creemos apoyar ese título de la iniciativa”, indicaron desde una jurisdicción del norte del país.
Este escenario abre la posibilidad de que el proyecto sufra modificaciones durante su tratamiento parlamentario. No obstante, dentro del oficialismo conviven posturas distintas: mientras un sector se muestra reticente a cambiar el dictamen ya logrado, otro admite que podrían introducirse ajustes para asegurar los votos necesarios.
Desde el espacio que lidera el presidente Javier Milei, la posición general es sostener la reforma laboral sin grandes cambios. Sin embargo, algunos actores advierten que, de mantenerse intacta, la iniciativa podría perder respaldo político, en un escenario similar al que atravesó la Ley Bases.
Cabe destacar que, según reconoció la ministra Patricia Bullrich, antes de obtener dictamen el proyecto recibió numerosas propuestas de modificación por parte de distintos bloques del Senado, lo que anticipa un debate complejo.
