La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a instalar en la agenda del Congreso el debate por la baja de la edad de imputabilidad, en el marco del tratamiento de una nueva Ley Penal Juvenil. Sin embargo, el avance del proyecto encuentra límites políticos y financieros, con un consenso que se encamina a fijar la edad mínima en 14 años y fuertes reclamos de las provincias por el financiamiento del sistema.
Bullrich recibió en el Congreso a la madre de un joven asesinado por menores en Santa Fe y ratificó su intención de avanzar con una reforma que reduzca la edad punible. No obstante, en la Cámara de Diputados distintos bloques dialoguistas advirtieron que el acuerdo posible hoy es llevarla de los actuales 16 a 14 años, y no a 13 como propone el sector más duro del oficialismo.
Además del debate etario, los gobernadores y legisladores provinciales pusieron el foco en el aspecto presupuestario. Las provincias exigen que la Nación garantice los fondos necesarios para la creación y sostenimiento de nuevos centros de detención juvenil, que quedarían bajo administración local. “Sin inversión, el esquema es inviable”, remarcan desde distintos bloques.
El proyecto será discutido nuevamente en las próximas semanas en el plenario de comisiones, que estará encargado de emitir dictamen. Allí se anticipa una negociación compleja, atravesada no solo por el enfoque penal, sino también por el contexto fiscal y la pérdida de recursos que enfrentan las provincias.
Desde sectores opositores y dialoguistas advirtieron que endurecer el sistema sin resolver la infraestructura carcelaria podría agravar la crisis penitenciaria. “Si se bajan las edades y se agravan las penas, hay que garantizar dónde alojar a esos jóvenes. Hoy las cárceles ya están sobrepasadas”, señalaron fuentes parlamentarias.
