A un día de la firma del dictamen y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional resolvió retirar el proyecto de baja de la edad de imputabilidad que había enviado este lunes al Congreso. La decisión se tomó luego de detectar que el texto no reflejaba el consenso alcanzado previamente con sectores de la oposición respecto a la edad mínima establecida.
Desde el oficialismo admitieron que se trató de una descoordinación interna y aclararon que el debate continuará con otra iniciativa que ya se encontraba en elaboración en la Cámara baja. Ese proyecto fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años, en línea con lo acordado con bloques aliados, y contempla modificaciones sustanciales respecto de la propuesta original.
La nueva versión mantiene tres ejes centrales: eleva a 14 años la edad mínima, detalla el origen de las partidas presupuestarias necesarias para implementar la ley y reduce la pena máxima aplicable a menores de 20 a 15 años. La iniciativa reemplaza así al texto enviado por el Ejecutivo, que establecía la imputabilidad desde los 13 años.
“Hubo una desinteligencia. Se retiró el proyecto y se seguirá trabajando con el que ya tenía la edad consensuada y el respaldo presupuestario correspondiente. El objetivo es dictaminar mañana y sesionar el jueves”, explicó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
En ese marco, el oficialismo aceleró la hoja de ruta legislativa. Este martes se formalizará la constitución de las comisiones clave para el tratamiento del proyecto. A las 10 quedará conformada la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que será presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA), mientras que a las 11 se hará lo propio con la Comisión de Justicia, que encabezará el mendocino Álvaro Martínez (LLA).
El plenario de comisiones está convocado para el miércoles a las 11 e incluirá, además de Familias y Justicia, a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en el recinto fue citada para el jueves a las 11.
Uno de los puntos incorporados a pedido de la oposición es la explicitación del financiamiento para aplicar la nueva normativa. El costo estimado asciende a $23.739 millones y será cubierto con partidas destinadas al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita convenios entre la Nación y las provincias para el envío de fondos específicos destinados a infraestructura, como la construcción de nuevos establecimientos. Este aspecto fue parte de las negociaciones encabezadas por el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien impulsó la necesidad de avanzar rápidamente con el debate y consolidar el consenso en torno a los 14 años.
Si bien algunos sectores del oficialismo promovían una baja mayor, aliados parlamentarios como el PRO y la UCR dejaron en claro que su respaldo estaba condicionado a fijar la edad mínima en 14 años. “Ese fue el acuerdo”, señalaron fuentes legislativas.
El nuevo régimen penal juvenil mantiene penas diferenciadas respecto del sistema penal adulto y excluye la prisión perpetua. Para los delitos más graves —como homicidios, robos agravados, abusos sexuales o secuestros— se establece una pena máxima de 15 años de prisión, reduciendo el tope de 20 años previsto en el proyecto dictaminado el año pasado.
