La Cámara de Diputados de la Nación Argentina comenzó este miércoles a las 10am el debate en comisión para modificar la Ley de Glaciares 26.639, una pieza clave dentro del plan del Gobierno para atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos. La iniciativa, sin embargo, genera fuerte resistencia en sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas.
El plenario reúne a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —presidida por el libertario José Peluc— y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz.
El oficialismo aspira a convertir la reforma en ley antes de fin de mes, aunque el debate recién comienza. En paralelo, la Casa Rosada busca capitalizar políticamente el avance parlamentario: la intención es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la media sanción como señal proinversión durante el “Argentina Week 2026”, que se celebrará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, ante empresarios y fondos internacionales.
El Senado ya dio el primer paso el 26 de febrero, cuando aprobó el proyecto con 40 votos afirmativos y 31 en contra. Entre los rechazos se destacaron los de los exgobernadores peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.
Qué cambia la reforma
La ley vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, prohibiendo actividades extractivas en esas áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce.
La modificación propuesta mantiene la prohibición sobre los glaciares propiamente dichos, pero introduce un criterio diferencial respecto de las “formas periglaciares”. El proyecto plantea distinguir entre aquellas que cumplen una función hídrica comprobable —como reserva estratégica de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas— y aquellas que no necesariamente desempeñan ese rol.
De aprobarse, dejaría de existir la prohibición automática de actividades extractivas en todas las zonas periglaciares. En su lugar, se permitirían proyectos económicos siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental favorable. Además, se transferirían mayores facultades a las provincias para determinar qué áreas proteger y cuáles habilitar, reduciendo la intervención de la administración central.
El eje del conflicto
Para el oficialismo y los gobernadores de provincias cordilleranas, la reforma permitirá destrabar inversiones millonarias en minería e hidrocarburos bajo un esquema “más dinámico”. Para la oposición dura y entidades ambientalistas, en cambio, la iniciativa pone en riesgo ecosistemas de alta montaña fundamentales para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el equilibrio climático.
El proyecto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. El organismo deberá identificar glaciares y formas periglaciares y determinar cuáles cumplen función hídrica estratégica.
La discusión promete ser uno de los debates ambientales y económicos más relevantes del año, con implicancias directas en el modelo de desarrollo, el federalismo y la política de atracción de capitales que impulsa el Gobierno.
