A través del Decreto 137/2026, el Ejecutivo oficializó la normativa sancionada por el Congreso. La medida introduce cambios profundos en el sistema de indemnizaciones, vacaciones, horas extras y fija nuevos límites a la actividad sindical.
El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802), poniendo formalmente en vigencia una serie de cambios estructurales para el sector privado en todo el país. La oficialización se concretó mediante la publicación del Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El texto definitivo quedó conformado por 25 capítulos, tras haber sido depurado durante su tratamiento legislativo —instancia en la que se eliminaron, por ejemplo, los artículos referidos a modificaciones en las licencias médicas—. Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la reforma del sistema indemnizatorio. Si bien se mantiene la base de cálculo de un mes de sueldo por año trabajado, la norma habilita a que los convenios colectivos reemplacen este esquema por un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual será financiado mediante aportes patronales mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes.
En cuanto a la dinámica diaria de trabajo, la ley incorpora el sistema de “banco de horas”, permitiendo compensar las horas extras con días libres o jornadas reducidas, siempre previo acuerdo. Asimismo, establece que las vacaciones podrán ser fraccionadas en períodos mínimos de siete días y deberán ser otorgadas entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con notificación previa al empleado.
Por otro lado, la legislación fija nuevos parámetros sobre la actividad gremial. Desde ahora, la realización de asambleas que afecten el normal funcionamiento de una empresa demandará autorización previa del empleador, al tiempo que tipifica como “infracciones muy graves” a la organización de bloqueos o tomas de establecimientos.
Mientras el oficialismo sostiene que estas herramientas y el nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) fomentarán la creación de empleo registrado y reducirán la litigiosidad, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) ya anticiparon que acudirán a la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la medida.
