La abogada argentina Agostina Páez no podrá regresar de inmediato al país luego de que la Justicia de Brasil decidiera mantener las medidas cautelares en su contra en el marco de la causa por presunta injuria racial.
La resolución fue tomada por el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, titular de un tribunal penal de Río de Janeiro, quien dispuso que la joven continúe bajo monitoreo electrónico y con prohibición de salida del país hasta tanto avance el proceso judicial.
La decisión representa un cambio respecto de lo esperado por la defensa, ya que tanto la fiscalía como la querella habían dado su aval para que Páez pudiera regresar a la Argentina antes del fallo definitivo.
Según explicó su abogado, Sebastián Robles, la medida responde a un pedido de la fiscalía tras considerar que declaraciones recientes de la imputada podrían interpretarse como una posible obstaculización del proceso.
En este contexto, la defensa presentó un hábeas corpus con el objetivo de revertir la resolución, al considerar que la permanencia de las restricciones resulta innecesaria.
La causa se originó a partir de un episodio ocurrido en un bar de Ipanema, donde Páez habría realizado gestos racistas. Desde enero, permanece en Río de Janeiro bajo control judicial.
Durante la audiencia realizada esta semana, las partes habían alcanzado un acuerdo que redujo la acusación a un solo hecho bajo la figura de “delito continuado”. Esto implicaría una pena mínima, que podría ser reemplazada por trabajos comunitarios y una compensación económica.
Sin embargo, el juez determinó que la imputada debe permanecer a disposición del tribunal hasta la presentación de los alegatos finales y la emisión de la sentencia.
En paralelo, el caso también abrió un frente político en Argentina. El canciller Pablo Quirno destacó la intervención del consulado argentino en Brasil, mientras que la diputada Marcela Pagano atribuyó avances a gestiones parlamentarias.
En lo económico, la situación también presenta dificultades: la fiscalía solicitó una reparación cercana a los 150 mil dólares para las víctimas, monto que aún debe ser definido por la Justicia.
La defensa estima que la resolución final podría demorarse entre 10 y 15 días. Hasta entonces, Páez deberá permanecer en Brasil a la espera de una definición judicial.
