Tras finalizar la segunda jornada de audiencias públicas, el oficialismo buscará concretar un nuevo plenario de comisiones para dictaminar. El debate cruza el fuerte impulso del sector minero con las contundentes advertencias de especialistas y ambientalistas.
El tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación no avanza con la velocidad pretendida por el Gobierno nacional, las empresas mineras y varios mandatarios provinciales. Tras concluir la segunda jornada de participación ciudadana —marcada por una escasa presencia de legisladores en la sala—, el oficialismo reprogramó sus plazos y estima que la definición en el recinto llegará recién a mediados de abril.
Según trascendió, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) planea convocar a un nuevo plenario de comisiones para el 1° o el 8 de abril, antes de emitir dictamen. A este encuentro clave estarán invitados los gobernadores que integran la Mesa del Cobre (Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza) y la del Litio, quienes figuran entre los principales interesados en flexibilizar la normativa vigente para destrabar millonarias inversiones.
En este contexto, uno de los mandatarios más expectantes es el sanjuanino Marcelo Orrego. Las esperanzas de la provincia cuyana están puestas en el megaproyecto cuprífero Vicuña, que prevé una inyección de U$S 7.100 millones en tres años. Sin embargo, durante las audiencias, abogados ambientalistas denunciaron que este emprendimiento requeriría la utilización de “2.000 litros de agua por segundo”. Estos cuestionamientos se sumaron a las denuncias de expositores de Catamarca y Jujuy, quienes alertaron sobre el agotamiento de fuentes hídricas debido a la explotación del litio.
Las posturas durante el debate se mantienen fuertemente divididas. Por un lado, Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), advirtió que el nuevo proyecto oficialista “no representa una mejora” y que “deja áreas con hielo sin proteger, genera nuevas ambigüedades y subordina el rol científico a decisiones políticas”. En la vereda opuesta, Néstor Rigamonti, titular del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, defendió la iniciativa argumentando que clarifica conceptos normativos y elimina “interpretaciones dispares y conflictos de competencia” sin implicar una regresión ambiental.
De cara a la votación, LLA confía en reunir los apoyos necesarios junto al interbloque PRO-UCR-MID y a legisladores provinciales. No obstante, en el oficialismo ya dan por descontado que la futura sanción de la ley derivará en una ola de recursos judiciales de inconstitucionalidad por presunta violación al artículo 41 de la Constitución Nacional.
