La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete entra en una etapa decisiva. La Justicia citó a declarar bajo juramento a las mujeres que figuran como acreedoras de las hipotecas sobre sus recientes adquisiciones inmobiliarias.
La causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ingresa en una semana determinante. A partir de este lunes, comenzarán a desfilar por los tribunales de Comodoro Py las cuatro mujeres que le prestaron dinero o le financiaron la compra de propiedades de manera privada.
El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo buscan establecer si las testigos tenían la capacidad económica real para justificar los créditos millonarios otorgados al funcionario y determinar la trazabilidad de los fondos. Para ello, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal de las cuatro mujeres y le solicitó a ARCA información detallada sobre su situación patrimonial, declaraciones juradas e ingresos.
Las primeras en declarar, citadas para este lunes, son Graciela Isabel Molina (comisario retirada de la Policía Federal) y su hija Victoria María José Cancio. Ambas figuran en los registros como las prestamistas de 100.000 dólares que Adorni habría utilizado para comprar una casa en un club privado de golf en Exaltación de la Cruz. Según consta en el expediente, ese crédito —pactado a dos años con una tasa del 11% anual— quedó garantizado mediante una hipoteca sobre un departamento del funcionario ubicado en Parque Chacabuco.
En tanto, el miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, las dos jubiladas que le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito. En esa llamativa operación, el funcionario abonó 30.000 dólares en efectivo y acordó una deuda de 200.000 dólares a saldar recién en noviembre próximo, en cuotas y sin intereses.
El fiscal fue contundente con las citaciones y les advirtió a las testigos (especialmente a las vendedoras de Caballito) que deberán asistir a tribunales con sus teléfonos celulares para facilitar a la Justicia el acceso a mensajes, audios, correos y registros de llamadas que estén vinculados a las millonarias operaciones bajo sospecha.
