El gobierno de Javier Milei rechazó la propuesta presentada por el Grupo Clarín para avanzar con la fusión entre Telecom Argentina y Telefónica, lo que mantiene paralizada la operación y profundiza el enfrentamiento entre ambas partes.
Según trascendió, el grupo empresario había aceptado desprenderse de parte de su cartera de clientes como condición para evitar una posición dominante en el mercado. En ese marco, propuso la cesión de unos 2,9 millones de usuarios —sobre un total de seis millones exigidos por el Ejecutivo— a través de dos empresas interesadas en absorberlos.
Sin embargo, la administración nacional consideró insuficiente la oferta y decidió no avanzar con la aprobación. La negociación se desarrolla en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo encargado de regular el sector.
La postura oficial responde a la intención de imponer condiciones estrictas para autorizar la operación, con el argumento de preservar la competencia en el mercado de telecomunicaciones. La exigencia de desprendimiento de clientes se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto.
El trasfondo de la disputa también incluye tensiones políticas y empresariales. La adquisición de la filial argentina de Telefónica por parte de Clarín se concretó a través de un crédito por 1.200 millones de dólares, en una operación que sorprendió al Gobierno y desplazó a otros interesados en la compra.
Pese a que la transacción ya fue cerrada, la falta de aprobación regulatoria impide su implementación plena. En ese contexto, el grupo empresario enfrenta ahora el desafío de cumplir con los compromisos financieros asumidos mientras la fusión continúa sin definiciones.
