Luego del revés sufrido en 2025 en el Senado, legisladores del PRO, la UCR y otras fuerzas opositoras volvieron a impulsar la iniciativa para evitar que personas condenadas por corrupción y delitos graves sean candidatas a cargos públicos.
Tras el polémico fracaso que paralizó el tratamiento del proyecto el año pasado, la ley de “Ficha Limpia” vuelve a tomar impulso en los pasillos del Congreso de la Nación. En los últimos días, legisladores de distintos bloques opositores presentaron cuatro nuevos proyectos bajo la misma premisa innegociable: impedir que ciudadanos con condenas penales confirmadas en segunda instancia puedan acceder a cargos públicos electivos.
El renovado impulso legislativo busca aprovechar que el 2026 es un año no electoral, lo que permitiría dar un debate profundo y alejado de las especulaciones de campaña. En la Cámara de Diputados, los proyectos fueron encabezados por Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Banfi (UCR – Adelante Buenos Aires) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Por su parte, en el Senado —cámara donde la iniciativa cayó en 2025 por un solo voto de diferencia tras la sugestiva fuga de dos legisladores misioneros— es el bloque del PRO quien vuelve a la carga.
¿Qué proponen los nuevos textos? A diferencia de versiones anteriores, los proyectos presentados amplían el abanico de inhabilitaciones. Ya no solo se busca frenar a los condenados por delitos de corrupción, sino que la prohibición se extendería a delitos graves como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, secuestro extorsivo, homicidios, delitos contra la integridad sexual y contra el orden constitucional.
Una de las principales novedades (destacada en el proyecto de Scaglia) es la inclusión de las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. “Quien no cumple con el deber esencial de garantizar la subsistencia de sus hijos, difícilmente pueda ser considerado idóneo para asumir responsabilidades públicas”, argumentó la legisladora.
Asimismo, todas las propuestas coinciden en un punto fundamental que fue objeto de fuerte debate en el pasado: no exigen que haya “sentencia firme” (hasta llegar a la Corte Suprema) para inhabilitar al candidato, sino que basta con una “condena confirmada por tribunal de alzada” (doble conforme). Esta inhabilitación se mantendría durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.
Por el momento, La Libertad Avanza no ha incluido el tema en su agenda prioritaria. Sin embargo, desde la oposición (y particularmente desde el PRO) confían en que la nueva composición del Senado acompañará la demanda ciudadana. “El Estado no es un refugio”, sentenciaron.
