El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto que modifica aspectos centrales del régimen de discapacidad vigente y vuelve a poner en agenda una discusión que meses atrás generó fuerte tensión política y rechazo de sectores opositores y sociales.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y propone cambios en el acceso a las pensiones por invalidez, en el sistema de prestaciones y en los mecanismos de control. El texto ya ingresó por la Cámara alta, donde el oficialismo busca mejores condiciones para su tratamiento legislativo.
El proyecto, titulado “contra el fraude de pensiones por invalidez”, plantea una revisión del esquema actual al considerar que la normativa vigente amplió el universo de beneficiarios sin contemplar los recursos disponibles.
Uno de los puntos principales es la modificación en el acceso a las pensiones. Se mantiene el monto —equivalente al 70% de la jubilación mínima—, pero se reemplaza el criterio basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por uno de invalidez laboral. En ese marco, solo podrían acceder quienes estén imposibilitados de trabajar, lo que reduciría la cantidad de beneficiarios.
Además, la propuesta establece la incompatibilidad total entre la pensión y el empleo formal, a diferencia del sistema actual que permite cierta inserción laboral con límites de ingresos.
Otro eje clave es el cambio en el sistema de prestaciones. El proyecto elimina el nomenclador único nacional que fija valores para servicios como terapias, transporte o acompañamiento. En su lugar, los precios quedarían sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.
El Estado intervendría únicamente en los casos donde actúe como financiador directo, como en programas específicos, con actualizaciones trimestrales no vinculadas automáticamente a la inflación. Según el texto, esto podría impactar en los valores de las prestaciones y en la sostenibilidad del sistema.
En ese sentido, también se vería afectado el funcionamiento del Fondo Solidario de Redistribución, que actualmente permite equilibrar costos entre entidades con distinta capacidad financiera. La eliminación del esquema uniforme podría generar diferencias en el acceso y cobertura de servicios.
El proyecto incluye además un endurecimiento de controles, con auditorías que cruzarán datos entre organismos nacionales y la implementación de un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo mínimo de 90 días. Quienes no cumplan con la actualización podrían perder la prestación.
La iniciativa se da en un contexto de tensiones políticas y antecedentes recientes en el Congreso, donde propuestas similares generaron la unificación de la oposición y complicaron la estrategia oficialista.
En paralelo, organizaciones vinculadas a la discapacidad y familiares de beneficiarios convocaron a una movilización para este miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud, lo que anticipa un posible aumento del conflicto en torno al tema.
