En medio de las tensiones con la prensa por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo analiza un proyecto para equiparar a los comunicadores con los funcionarios públicos. Buscan el apoyo del kirchnerismo.
El Gobierno nacional redobla su embate contra la prensa y avanza con una polémica iniciativa legislativa. En el marco de los reiterados y recientes cruces del presidente Javier Milei con distintos medios (incluyendo duros ataques a figuras como Fernán Saguier, del diario La Nación), desde las usinas de La Libertad Avanza comenzó a circular la idea de presentar un proyecto de ley para obligar a los periodistas a presentar declaraciones juradas de bienes, tal como lo hacen los funcionarios públicos.
Según consignó La Política Online, la propuesta no sería un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia —y según voces opositoras, una “venganza”— frente a la catarata de investigaciones periodísticas que han puesto la lupa sobre el patrimonio, los ingresos y los lujosos viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su entorno familiar.
La ofensiva no se limitaría únicamente a los pasillos legislativos. La idea se complementa con la hostilidad en redes sociales impulsada por tuiteros alineados con la Casa Rosada, quienes recientemente publicaron supuestos domicilios de periodistas reconocidos, una práctica conocida como doxeo que ya ha derivado en denuncias judiciales.
Para que el proyecto avance en la Cámara de Diputados (presidida por el libertario Martín Menem), el oficialismo necesitará aliados. De acuerdo a fuentes parlamentarias, enviados del Gobierno ya habrían contactado a diputados kirchneristas para tantear si estarían dispuestos a apoyar la iniciativa. La especulación oficialista se basa en que el kirchnerismo también arrastra un largo historial de enfrentamientos con los mismos medios y grupos empresariales que hoy cuestiona Javier Milei.
Sin embargo, desde otros sectores de la oposición ya anticiparon un rechazo rotundo. Legisladores consultados calificaron la iniciativa como “un intento burdo de presión sobre el periodismo crítico y otra mala señal para la libertad de expresión”.
El clima de tensión entre la Casa Rosada y la prensa acreditada continúa en aumento. A la limitación de acceso a ciertos profesionales por sus preguntas incómodas sobre Adorni, ahora se suma este proyecto que promete generar un fuerte debate sobre los límites del poder estatal frente al ejercicio del periodismo y la libertad de prensa en Argentina.
