La resolución judicial se conoció este lunes tras una audiencia reservada realizada durante la mañana. La imputada recibió una condena de 15 días de prisión condicional por maltrato animal, luego de reconocer haber sometido a su mascota a prácticas sexuales. La decisión generó un fuerte rechazo en sectores proteccionistas.
Un caso de extrema gravedad generó conmoción en San Juan luego de que una joven identificada con el apellido Campillay fuera condenada por un hecho de zoofilia, encuadrado como maltrato animal bajo la Ley 14.346.
La audiencia se desarrolló este lunes alrededor de las 7:45 con total hermetismo y estuvo a cargo de la jueza Celia Maldonado de Álvarez. La investigación fue impulsada por el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica.
Según fuentes judiciales, la acusada no era investigada por abandono, golpes o negligencia hacia su mascota, sino por haber sometido al animal a prácticas sexuales. Durante la investigación, los peritos hallaron en su teléfono celular al menos ocho videos y múltiples capturas con contenido sexual junto a un perro, material que fue considerado prueba clave en la causa.
En el marco del proceso judicial, la mujer reconoció los hechos y recibió una condena de 15 días de prisión condicional, por lo que no cumplirá prisión efectiva.
Tras conocerse el fallo, la proteccionista Emilia Merino, integrante de Sala de Emergencias, expresó públicamente su rechazo a la resolución y cuestionó la falta de medidas complementarias.
“15 días en suspenso es una burla para la sociedad”, manifestó a través de redes sociales, donde además señaló que este tipo de situaciones requieren intervención en salud mental y advirtió sobre posibles riesgos futuros si no se abordan de manera integral.
Merino también reclamó información sobre el destino del animal involucrado y cuestionó el hermetismo que rodeó el caso. “Deberían informar dónde quedó el perro. Cualquier persona puede volver a darle un animal en adopción y ese animal recibirá el mismo maltrato”, sostuvo.
La causa salió a la luz a partir de otra investigación por abuso sexual que se tramitaba en la UFI ANIVI, donde fue condenado el entonces pareja de la mujer en un juicio abreviado. En ese contexto, el celular de la acusada fue secuestrado y posteriormente peritado, lo que permitió descubrir el material incorporado a esta causa.
