La mujer se desempeñaba como directora de un Centro Integrador Comunitario. Su caso salió a la luz tras un megaoperativo internacional que desbarató redes de explotación sexual infantil.
El Gobierno de la provincia de Santa Cruz ordenó la desvinculación inmediata y definitiva de una funcionaria tras verse involucrada en una gravísima investigación judicial. Se trata de la ahora exdirectora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen”, ubicado en la ciudad de Río Gallegos, quien está acusada de consumir material de abuso sexual infantil.
El caso de la exfuncionaria (que ocupaba el cargo desde octubre de 2024 y era responsable de políticas sociales y actividades recreativas en el CIC) salió a la luz en el marco del megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia VI”. Este despliegue global —basado en reportes del National Center for Missing & Exploited Children— involucró a 16 países e incluyó múltiples allanamientos en diversas provincias argentinas con el objetivo de desbaratar redes de explotación infantil.
Según fuentes vinculadas a la causa, la mujer fue demorada y puesta a entera disposición de la Justicia tras confirmarse su presunta vinculación con el consumo de dicho material ilícito. El allanamiento en su contra formó parte de los 13 procedimientos simultáneos que se realizaron en Santa Cruz a cargo de la División de Investigaciones y áreas de cibercrimen de la Policía provincial.
El saldo de este operativo a nivel local fue contundente: hubo ocho personas detenidas, se identificaron a menores de edad que quedaron bajo estricta protección judicial, y se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes informáticos para analizar posibles conexiones con redes internacionales. Además, se allanó otro domicilio por un caso de grooming.
Desde el Ejecutivo santacruceño calificaron la decisión de echar a la funcionaria como una medida “rápida y responsable” para resguardar la integridad institucional. Remarcaron, además, su firme postura de acompañar el accionar de la Justicia ante la gravedad de los delitos investigados. Actualmente, se aguarda el resultado del análisis forense de los dispositivos incautados, el cual será determinante para definir la situación procesal de todos los involucrados.
