La Cámara Federal de Casación Penal anuló este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales y ordenó que se dicte un nuevo fallo sobre su situación procesal.
Fernández había sido procesado por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una investigación vinculada a la contratación de seguros estatales a través de Nación Seguros S.A., con un embargo superior a los $14.634 millones y prohibición de salida del país.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió mantener firme el procesamiento.
Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del exmandatario y consideró que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento sin una base acusatoria suficiente. Los magistrados sostuvieron que el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, había entendido que no existían elementos suficientes para avanzar con esa medida.
Aunque el fiscal ante Casación, Raúl Pleé, pidió confirmar el procesamiento, Borinsky y Carbajo señalaron que, al no haber impulso fiscal en la instancia anterior, la imputación no podía sostenerse.
“No hay juez sin acusador”, remarcaron los jueces al fundamentar la decisión. Además, indicaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
Borinsky afirmó que la confirmación del procesamiento se realizó “sin una base acusatoria suficiente”, mientras que Carbajo consideró que el fallo anterior fue dictado “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.
Por su parte, Hornos sostuvo en disidencia que no correspondía anular el procesamiento porque no se trataba de una sentencia definitiva y consideró que el dictamen del fiscal Pleé justificaba continuar con la investigación.
El magistrado describió el expediente como un posible “esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales”, con comisiones superiores a las del mercado y eventual perjuicio económico para el Estado.
La causa investiga si, a partir del Decreto 823/2021, el Gobierno centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A., permitiendo la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones presuntamente superiores a las habituales.
Además de Fernández, el expediente involucra a otros imputados como Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y Bri Brokers S.A. Aunque sus recursos fueron declarados inadmisibles, la nueva revisión ordenada por Casación podría impactar también en sus situaciones procesales.
