La iniciativa que busca impedir las candidaturas de dirigentes condenados por corrupción genera tensiones internas en el Gobierno. Las diferencias giran en torno a los tiempos legislativos y la falta de consenso en el Congreso.
El debate por la reforma electoral abrió un nuevo frente de conflicto puertas adentro del oficialismo. En las últimas horas, salieron a la luz fuertes tironeos entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno en torno al tratamiento y los alcances del proyecto de “Ficha Limpia”, una iniciativa clave de cara al próximo calendario electoral.
El proyecto tiene como objetivo principal prohibir que aquellas personas que cuenten con condenas judiciales (especialmente en causas vinculadas a la corrupción o delitos contra la administración pública) puedan postularse para ocupar cargos electivos. Si bien existe un acuerdo general sobre el espíritu de la norma, las discrepancias surgen a la hora de definir la letra chica y la estrategia legislativa.
Por un lado, el ala más dura del oficialismo presiona para acelerar el tratamiento en las comisiones y llevar el dictamen al recinto lo antes posible, considerando que la sanción de la ley es fundamental para sostener el discurso de transparencia y la lucha contra la casta política. Sin embargo, los sectores más pragmáticos y con mayor peso en el armado legislativo advierten sobre la falta de votos necesarios en el Congreso para asegurar su aprobación sin sufrir modificaciones sustanciales por parte de la oposición.
A estas diferencias tácticas se le suma el debate técnico sobre en qué instancia procesal debe aplicarse la restricción: si basta con un fallo de primera instancia, un fallo de Cámara o si se debe esperar a que la condena quede firme ante la Corte Suprema. Mientras continúan las negociaciones contrarreloj, el Gobierno busca unificar posiciones para evitar que la fractura interna debilite uno de sus proyectos más emblemáticos en un año clave.
