El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, una iniciativa destinada a atraer proyectos de más de USD 1.000 millones vinculados a actividades consideradas estratégicas y de alto impacto productivo.
La propuesta busca ampliar los beneficios del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y apunta a sectores vinculados a las llamadas “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos asociados al uranio, según había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo.
El texto oficial establece que el régimen estará dirigido a nuevas actividades económicas de carácter industrial, tecnológico o de servicios vinculados a infraestructura digital estratégica, que aún no se desarrollen en el país o tengan un nivel experimental o piloto.
Beneficios fiscales y cambiarios
El proyecto contempla un plazo de cinco años para presentar solicitudes de adhesión, con posibilidad de prórroga por un año más.
Para acceder al esquema, las empresas deberán constituir Vehículos de Proyecto Único (VPU), destinados exclusivamente al emprendimiento adherido, y comprometer inversiones mínimas de USD 1.000 millones, de las cuales al menos el 20% deberá ejecutarse en los primeros dos años.
Entre los principales beneficios se destacan:
- Una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias.
- Amortización acelerada de inversiones.
- Deducción de quebrantos sin límite temporal.
- Reducción al 3,5% en impuestos sobre dividendos y utilidades.
- Exenciones de derechos de importación y exportación.
- Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA.
- Contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevos empleos.
Además, el esquema prevé incentivos cambiarios con libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, en un esquema escalonado que llegará al 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.
También se garantiza estabilidad normativa, tributaria, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años.
Restricciones y condiciones para provincias
El proyecto establece que las empresas que ya hayan solicitado ingresar al RIGI original no podrán adherirse al Súper RIGI, ni tampoco aquellas que presenten proyectos similares o con superposición significativa de activos, inversiones o procesos productivos.
Según el texto oficial, el objetivo es evitar duplicaciones y reservar el nuevo régimen para actividades completamente nuevas.
A su vez, el Gobierno exige a las provincias y municipios adheridos compromisos de moderación fiscal y previsibilidad normativa.
Entre otras condiciones, las jurisdicciones no podrán crear nuevos tributos que incrementen la carga fiscal sobre estos proyectos ni aplicar alícuotas superiores al 0,50% en Ingresos Brutos. También quedará prohibido cobrar Impuesto de Sellos y regalías administrativas vinculadas a las inversiones alcanzadas por el régimen.
El proyecto comenzará ahora su tratamiento legislativo en el Congreso nacional.
Además, te dejo un copy para Instagram:
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de “Súper RIGI” para inversiones de más de USD 1.000 millones
El nuevo esquema apunta a promover industrias tecnológicas y estratégicas con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, una iniciativa destinada a atraer proyectos de más de USD 1.000 millones vinculados a actividades consideradas estratégicas y de alto impacto productivo.
La propuesta busca ampliar los beneficios del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y apunta a sectores vinculados a las llamadas “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos asociados al uranio, según había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo.
El texto oficial establece que el régimen estará dirigido a nuevas actividades económicas de carácter industrial, tecnológico o de servicios vinculados a infraestructura digital estratégica, que aún no se desarrollen en el país o tengan un nivel experimental o piloto.
Beneficios fiscales y cambiarios
El proyecto contempla un plazo de cinco años para presentar solicitudes de adhesión, con posibilidad de prórroga por un año más.
Para acceder al esquema, las empresas deberán constituir Vehículos de Proyecto Único (VPU), destinados exclusivamente al emprendimiento adherido, y comprometer inversiones mínimas de USD 1.000 millones, de las cuales al menos el 20% deberá ejecutarse en los primeros dos años.
Entre los principales beneficios se destacan:
Una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias.
Amortización acelerada de inversiones.
Deducción de quebrantos sin límite temporal.
Reducción al 3,5% en impuestos sobre dividendos y utilidades.
Exenciones de derechos de importación y exportación.
Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA.
Contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevos empleos.
Además, el esquema prevé incentivos cambiarios con libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, en un esquema escalonado que llegará al 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.
También se garantiza estabilidad normativa, tributaria, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años.
Restricciones y condiciones para provincias
El proyecto establece que las empresas que ya hayan solicitado ingresar al RIGI original no podrán adherirse al Súper RIGI, ni tampoco aquellas que presenten proyectos similares o con superposición significativa de activos, inversiones o procesos productivos.
Según el texto oficial, el objetivo es evitar duplicaciones y reservar el nuevo régimen para actividades completamente nuevas.
A su vez, el Gobierno exige a las provincias y municipios adheridos compromisos de moderación fiscal y previsibilidad normativa.
Entre otras condiciones, las jurisdicciones no podrán crear nuevos tributos que incrementen la carga fiscal sobre estos proyectos ni aplicar alícuotas superiores al 0,50% en Ingresos Brutos. También quedará prohibido cobrar Impuesto de Sellos y regalías administrativas vinculadas a las inversiones alcanzadas por el régimen.
El proyecto comenzará ahora su tratamiento legislativo en el Congreso nacional.
