Además, indicó que se avanza en un pedido de informes dirigido a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para conocer cómo será la implementación del nuevo esquema y qué controles se aplicarán sobre las empresas de transporte.
“También se está trabajando en un pedido de informe dirigido a la CNRT para que informe cuál será el procedimiento a seguir a partir de esta nueva regulación y, además, para que se refuercen los controles sobre las empresas transportistas a fin de garantizar el cumplimiento del derecho al pasaje gratuito para personas con discapacidad”, detalló Peñaloza.
La funcionaria también aclaró que, hasta ahora, no habían registrado inconvenientes puntuales relacionados con el funcionamiento del sistema de pasajes gratuitos. Sin embargo, remarcó que la temática vinculada a discapacidad fue una de las más recurrentes en las consultas recibidas por la Defensoría durante el último año, especialmente en relación con prestaciones, cobertura y acceso a derechos.
Desde la Defensoría remarcaron que el principal interrogante pasa hoy por el acceso efectivo al beneficio. Si bien el Gobierno nacional ratificó que las personas alcanzadas por las leyes vigentes seguirán viajando gratis, temen que la eliminación del subsidio pueda derivar en trabas para conseguir lugares disponibles, sobre todo en fechas de alta demanda.
“La preocupación principal hoy pasa por cómo impactará esta medida en el acceso efectivo al derecho, ya que si bien formalmente el beneficio continúa vigente, existe incertidumbre respecto de la implementación práctica y posibles dificultades para los usuarios”, agregó la funcionaria.
El Gobierno nacional justificó la decisión señalando que el sistema de transporte de larga distancia atraviesa un proceso de desregulación iniciado con el Decreto 883/2024 y que las condiciones económicas bajo las cuales se creó el régimen de compensaciones “han sido superadas”. Entre los argumentos oficiales se menciona una mayor flexibilización del mercado, permitiendo a las empresas definir tarifas, recorridos y modalidades de servicio con menos intervención estatal.
A pesar de ello, la normativa aclara expresamente que las compañías continúan obligadas a garantizar los pasajes gratuitos para las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pacientes trasplantados, personas en lista de espera del INCUCAI y niños, niñas y adolescentes con tratamientos oncológicos. Sin embargo, a partir de ahora, las compañías deberán hacerse cargo del costo total de los boletos sin recibir apoyo estatal.
