La empresaria y maquilladora condenada por promoción y facilitación de la prostitución dejó el penal de Chimbas tras obtener el beneficio por cuestiones de salud. Cumplirá el resto de la pena en su domicilio.
Patricia Coria, condenada en 2023 por regentear un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de un centro de estética en Capital, obtuvo este martes el beneficio de la prisión domiciliaria y dejó el Servicio Penitenciario Provincial luego de permanecer detenida durante 2 años, 7 meses y 28 días.
La medida fue resuelta por el juez Federico Zapata, titular del Juzgado de Ejecución de Primera Nominación, tras un pedido presentado por la defensa de la empresaria durante una audiencia realizada en Tribunales.
Según expuso el abogado Franco Montes, la salud mental de Coria se deterioró en el último tiempo producto de un cuadro depresivo y del avance de la enfermedad de Parkinson. Esa situación fue respaldada por informes médicos del Servicio Penitenciario Provincial y de una junta médica del Poder Judicial de San Juan, por lo que la fiscalía no presentó oposición al planteo.
Además, la decisión se dio en un contexto en el que la mujer ya había cumplido los dos tercios de la condena de cuatro años de prisión efectiva, condición necesaria para acceder a determinados beneficios previstos por la ley.
El caso conocido públicamente como “Eros For Men” salió a la luz en mayo de 2022, luego de que una joven de 19 años denunciara ante la UFI CAVIG que era obligada a ofrecer servicios sexuales en un local de estética y masajes ubicado sobre calle 25 de Mayo, en Capital.
A partir de esa denuncia, quedaron bajo investigación Patricia Coria y su hija Natalia Pablo. Durante la pesquisa, surgieron testimonios de otras empleadas que describieron el funcionamiento interno del lugar y señalaron que las propietarias se quedaban con parte del dinero obtenido mediante los denominados “servicios especiales”.
En el establecimiento trabajaban alrededor de 14 mujeres de entre 19 y 30 años. Los investigadores sospechaban que varias de ellas realizaban prácticas sexuales con clientes a cambio de dinero.
Durante los allanamientos, los pesquisas secuestraron registros de más de 100 clientes con datos personales y formas de pago. Según trascendió en aquel momento, entre los nombres habría funcionarios, empresarios y personas conocidas del ámbito local, aunque esa información nunca fue difundida oficialmente.
El 3 de octubre de 2022, tras nueve jornadas de juicio oral, el tribunal integrado por los jueces Alberto Caballero, Gloria Verónica Chicón y María Gema Guerrero condenó a Coria a cuatro años de prisión efectiva por promoción y facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución. En cambio, Natalia Pablo fue absuelta.
Aunque la condena quedó firme en marzo de 2023 tras la confirmación del Tribunal de Impugnación, Coria permaneció en libertad hasta septiembre de ese año, cuando se ordenó su detención inmediata para comenzar a cumplir la pena en el penal de Chimbas.
