El oficialismo en la Cámara de Diputados comenzó a mover fichas para retomar el control de la agenda parlamentaria con el impulso de dos iniciativas que considera estratégicas para la gestión nacional: la denominada Ley de Lobby y el proyecto conocido como Super RIGI, orientado a fomentar inversiones millonarias en sectores tecnológicos.
La intención de las autoridades de la Cámara baja es acelerar el trabajo en comisión para obtener los dictámenes correspondientes durante la próxima semana y convocar a una sesión el miércoles 24 de junio.
La primera reunión plenaria reunió a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir la regulación de la actividad de los lobistas ante funcionarios y legisladores. El proyecto propone transparentar los vínculos entre representantes de intereses privados y organismos del Estado mediante un sistema de registro y control público.
Según la iniciativa, tanto los gestores de intereses como los funcionarios deberán informar las reuniones mantenidas y los temas abordados. El objetivo es que las gestiones que actualmente se realizan de manera informal queden registradas y sujetas a supervisión.
Desde el oficialismo destacan que la propuesta cuenta con una recepción favorable en sectores de la oposición dialoguista, que coinciden en la necesidad de establecer reglas claras para una actividad que históricamente se desarrolló sin regulación específica.
Qué establece la Ley de Lobby
El proyecto contempla la creación de un Registro Público Obligatorio para todos los lobistas que pretendan actuar ante organismos estatales.
Además, deberán presentar declaraciones juradas identificando a los clientes que representan y los intereses que defienden en cada gestión.
También se exigirá la publicación de informes detallados sobre las reuniones realizadas, incluyendo fecha, horario, modalidad del encuentro, dependencia involucrada y un resumen de los temas tratados.
Las sanciones previstas incluyen multas de hasta 500 salarios mínimos para quienes incumplan las obligaciones establecidas, la inhabilitación para ejercer la actividad en casos graves y penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes realicen representaciones clandestinas de intereses extranjeros.
Super RIGI: incentivos para inversiones tecnológicas
Durante la tarde, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia iniciaron el análisis del denominado Super RIGI, una ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones enfocada exclusivamente en proyectos tecnológicos e industriales.
La propuesta apunta a captar inversiones de gran magnitud que no quedaron contempladas dentro de los beneficios establecidos por la Ley Bases.
El nuevo esquema establece un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares para acceder a los beneficios y ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años.
Entre los sectores alcanzados figuran la industrialización del litio y el uranio, la producción de baterías, hidrógeno verde, paneles solares, inteligencia artificial y semiconductores.
El proyecto excluye expresamente a las iniciativas vinculadas únicamente a la extracción de recursos naturales, obras de infraestructura o ampliaciones de emprendimientos ya existentes.
Entre los beneficios previstos se encuentra una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, mecanismos de amortización acelerada y la eliminación de derechos de importación y exportación.
Además, las empresas adheridas podrán disponer libremente del 100% de las divisas generadas a partir del tercer año de ejecución del proyecto.
Con ambos debates en marcha, el oficialismo apuesta a cerrar acuerdos en comisión durante los próximos días para llevar las iniciativas al recinto y recuperar protagonismo en una agenda legislativa marcada por las tensiones políticas de las últimas semanas.
