El TOCF 2 porteño hizo foco en el “riesgo para la vida e integridad física” de la exmandataria “a raíz el atentado del que fue víctima”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 resolvió que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla en prisión domiciliaria la condena firme de seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta. La decisión fue tomada considerando su edad, el intento de asesinato que sufrió en 2022, y la imposibilidad de garantizar su seguridad en un penal sin recurrir a prácticas inconstitucionales como el aislamiento permanente.
Sobre este punto, el tribunal se diferenció de “las meras manifestaciones” realizadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que se opusieron al pedido de CFK tras interpretar que no se advertían “las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.
En efecto, para los acusadores no se encontraban “configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Así las cosas, el tribunal señaló que la cuestión vinculada a la seguridad personal de CFK, alegada por sus abogados, “sí ha de merecer receptación favorable” en virtud “del intento de homicidio que la tuvo como víctima, y que como dijimos es materia de investigación en primera instancia y en juicio”.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso recordaron que la ley contempla esta posibilidad para mayores de 70 años, pero aclararon que no se trata de un beneficio automático, sino que debe analizarse caso por caso. En el análisis del tribunal pesaron, además de su edad, el riesgo concreto para su vida e integridad física derivado del atentado que aún se investiga, así como su condición de ex mandataria con custodia policial permanente.
La ex vicepresidenta deberá permanecer en su domicilio del barrio porteño de Monserrat, en calle San José al 1100, bajo vigilancia electrónica, a pesar de la oposición de sus abogados. El tribunal también exigió la presentación de una nómina con familiares, custodios, médicos y defensores, y estableció condiciones estrictas sobre su conducta y posibles excepciones.
Los jueces destacaron que no es viable garantizar su seguridad en ninguna unidad penitenciaria sin incurrir en prácticas contrarias a los derechos humanos, y que la prisión domiciliaria es la única modalidad compatible con los estándares constitucionales y de resocialización penal en este caso.
