En un contexto de fuertes restricciones financieras, la universidad fijó su cálculo de recursos anual. Más del 92% de los fondos deberá destinarse exclusivamente al pago de salarios, dejando un margen mínimo para el funcionamiento de la institución.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó el Presupuesto 2026 en medio de una sesión marcada por un visible desencuentro político. El debate interno reflejó la tensión y las diferencias a la hora de administrar la escasez en un escenario económico sumamente complejo para las casas de altos estudios públicas en todo el país.
Según se desprende del proyecto oficial, el cálculo de recursos aprobado asciende a un total de 122.000 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de apenas el 9,49% respecto de los montos asignados para el ejercicio del año pasado. Las autoridades universitarias remarcaron que la actualización quedó muy por debajo de las proyecciones y las necesidades reales de la institución frente al avance inflacionario.
El dato estructural que más preocupa a la comunidad universitaria es la distribución de esa torta presupuestaria: el 92,89% de los fondos aprobados estará orientado estrictamente al pago de salarios de la planta docente y nodocente. Esta situación reduce drásticamente el margen financiero disponible para sostener otras áreas claves de funcionamiento, como la extensión, los insumos básicos, el mantenimiento y las becas estudiantiles.
Frente al drástico recorte de las partidas nacionales, la UNSJ se verá en la obligación de recurrir a fondos propios para poder hacer frente a compromisos ineludibles. En este sentido, la universidad aportará financiamiento interno para sostener el 100% de las obras de infraestructura en marcha y el 86% de los proyectos de investigación científica previstos.
El cortocircuito político que protagonizó la sesión del Consejo Superior giró precisamente en torno a estas severas limitaciones presupuestarias, evidenciando el delicado equilibrio institucional y financiero que deberá mantener la gestión académica para garantizar las funciones de la educación pública superior durante 2026.
