El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que enviarán proyectos al Congreso para reformar las normativas sancionadas el año pasado, argumentando que comprometen las cuentas públicas.
El Gobierno nacional anunció este miércoles su intención de impulsar una reforma estructural en las leyes de financiamiento correspondientes a los sectores de discapacidad y educación. La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días una serie de proyectos de ley al Congreso para modificar las normativas que fueron sancionadas durante el año pasado.
Según los argumentos esgrimidos por el oficialismo, el objetivo central de esta iniciativa es adecuar las erogaciones estatales, ya que consideran que las leyes vigentes “atentan contra las cuentas públicas”. Esta nueva jugada legislativa se da en un contexto político marcado por el reciente triunfo electoral de La Libertad Avanza en todo el país. Debido a este cambio radical en el clima político, en el Gobierno confían en que muchos de los gobernadores que originalmente habían apoyado estas leyes podrían modificar su postura y aceptar los cambios propuestos por el presidente Javier Milei.
En paralelo al argumento económico, el lanzamiento de este paquete legislativo también respondería a una estrategia comunicacional. El anuncio busca modificar la agenda de discusión pública para correr el foco de las acusaciones que recaen sobre Adorni y contener el deterioro de la imagen de la gestión provocado por la debilidad de la economía. A este escenario de tensión se había sumado recientemente la polémica por la licitación del emblemático complejo hotelero de Chapadmalal.
Con este nuevo frente abierto, el debate por el destino de los fondos para la educación y la discapacidad promete volver a encenderse en el ámbito legislativo, donde se pondrá a prueba la muñeca política del Gobierno para alinear a los mandatarios provinciales detrás de sus reformas.
