El Gobierno nacional decidió no asumir, al menos por el momento, un rol activo como parte querellante en la causa judicial que investiga presuntas coimas y una posible asociación ilícita en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El expediente tiene como principal acusado al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y también menciona a funcionarios que continúan en funciones.
La postura oficial fue ratificada este lunes 10 de febrero por fuentes cercanas a la Casa Rosada, que remarcaron que se trata de un asunto que debe ser analizado exclusivamente por la Justicia. En ese sentido, aseguraron que el Ejecutivo mantiene su “confianza en la inocencia” de los funcionarios mencionados en la investigación, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo nombre aparece en los audios que dieron origen a la denuncia.
Desde el entorno gubernamental señalaron que, por ahora, no existe una estrategia judicial definida para intervenir en el expediente. “Todo está bajo estudio”, indicó un integrante de la mesa judicial del oficialismo, aunque aclaró que no se evalúa, en esta etapa, una presentación formal ante los tribunales.
La posición del Ejecutivo se apoya en que las medidas administrativas ya fueron adoptadas cuando se conocieron los audios. En ese momento, las funciones de la ANDIS fueron transferidas al Ministerio de Salud, y desde el Gobierno consideran que corresponde ahora a las defensas de los involucrados brindar las explicaciones pertinentes ante la Justicia.
Por el momento la causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien confirmó esta mañana que dejara la causa a partir de este jueves, el lunes dispuso el procesamiento de Spagnuolo y otras 18 personas. Según la resolución judicial, los imputados habrían integrado una organización que operó dentro del organismo estatal con el objetivo de obtener ganancias millonarias mediante la adjudicación irregular de contrataciones públicas, particularmente en la compra de medicamentos con presuntos sobreprecios.
En el marco de las escuchas incorporadas al expediente, Spagnuolo mencionó que parte del dinero ilegal habría tenido como destino a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Sin embargo, desde el entorno de la secretaria general descartaron también la posibilidad de iniciar acciones legales por injurias, al sostener que no está acreditada la autoría ni la veracidad de esas afirmaciones.
El presidente Javier Milei ya se había referido públicamente al tema a fines del año pasado, cuando expresó su respaldo a su hermana y aseguró tener “absoluta tranquilidad” respecto de su accionar. En esa línea, el Gobierno opta por mantenerse al margen del proceso judicial, a la espera de que la investigación avance y determine responsabilidades sin su participación directa como querellante.
