En un dictamen sin precedentes a nivel nacional, la Justicia local sentenció a un hombre y una mujer a 8 meses de prisión condicional. Engañaban a sus víctimas ofreciéndoles dinero a cambio de sus datos biométricos para crear cuentas en plataformas digitales.
El sistema judicial de la provincia de San Juan acaba de sentar un precedente histórico a nivel nacional en materia de delitos informáticos. La Justicia local condenó a un grupo de personas involucradas en una novedosa maniobra de estafa que consistía en el escaneo ilegal del iris del ojo a ciudadanos de escasos recursos económicos.
El caso, investigado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas a cargo del fiscal Cristian Catalano, se originó entre los meses de agosto y septiembre de 2024. Según reconstruyó la oficina judicial, los imputados se dedicaban a reclutar a personas vulnerables (en muchos casos sin escolarizar) prometiéndoles un pago en efectivo de $10.000 a cambio de permitir el escaneo de sus ojos. Para cometer el ilícito, fijaban puntos de encuentro en zonas de Rawson, como el salón de eventos “Eleazar” o el predio José Dolores.
Bajo la promesa de estar trabajando para “WorldCoin” (una empresa europea dedicada al manejo de datos biométricos), los estafadores lograban convencer a los sanjuaninos. Sin embargo, la investigación comprobó que los acusados no tenían ninguna vinculación real con dicha compañía. En realidad, habían diseñado un sistema propio para sustraer los datos biométricos utilizando sus propios teléfonos celulares.
El objetivo final de la maniobra era crear perfiles a nombre de las víctimas para utilizarlos como “cuentas mulas” en plataformas digitales, con el fin de comercializarlas posteriormente y obtener un rédito económico mucho mayor al que ofrecían.
Por estos hechos, la Justicia sanjuanina resolvió condenar a los imputados Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta a la pena de 8 meses de ejecución condicional. Fueron hallados culpables de los delitos de “violación de secretos y de la privacidad” y “estafa en concurso real”, convirtiéndose en la primera condena del país bajo esta calificación penal vinculada al robo de datos biométricos.
