En un giro clave en el litigio internacional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF, lo que implica que la Argentina evita, por el momento, el pago de más de US$16.100 millones.
El tribunal también confirmó que la petrolera no tiene responsabilidad en el proceso de estatización llevado adelante en 2012.
El caso se inició en 2015 y tuvo un fallo adverso para el Estado argentino en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el país había violado el estatuto de la compañía al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios.
Entre los demandantes se encontraban las firmas Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, junto al fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas del grupo Petersen.
Tras la apelación, en octubre de 2025 se realizó una audiencia ante los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes finalmente resolvieron revertir la condena.
Durante el proceso, la defensa argentina sostuvo que el juicio debía tramitarse en el país, argumentando que correspondía a la Justicia local definir la validez entre la ley de expropiación impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el estatuto de la compañía.
Además, cuestionó la interpretación de la normativa argentina realizada por la jueza de primera instancia y, como alternativa, planteó la necesidad de recalcular la indemnización con el tipo de cambio vigente al momento de la sentencia y no al de 2012.
A pesar del fallo favorable, las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. No obstante, especialistas señalan que es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el caso.
La resolución representa un alivio significativo para el Estado argentino en uno de los litigios más costosos de su historia reciente, aunque el proceso judicial aún no está completamente cerrado.
