Si hay una crítica que ha resonado con notable insistencia en los últimos días respecto al gobierno nacional, son las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha calificado a la República Islámica de Irán como un enemigo declarado del país. Ante este escenario, cabe plantearse un interrogante fundamental: ¿resulta lógico oponerse a la condena institucional de los verdaderos artífices de dos de los mayores atentados terroristas perpetrados en la historia de nuestro país?

Históricamente, en el complejo tablero de la geopolítica internacional, la República Argentina ha tendido a desempeñar el rol de una figura estrictamente neutral frente a los diversos conflictos bélicos que sacuden al globo. Sin embargo, desde la asunción de Milei a la presidencia, el Estado argentino ha transitado hacia una postura de firmeza inquebrantable frente a los acontecimientos de esta índole a nivel mundial.
El primer ejemplo paradigmático de este giro diplomático podría ser, sin lugar a dudas, la asistencia del presidente ucraniano Volodímir Zelensky al acto de traspaso de mando presidencial. Incluso en la actualidad, resulta complejo dimensionar a cabalidad lo que dicho acontecimiento representó en términos de política exterior: el jefe de Estado de una nación inmersa en una cruenta guerra (nada más y nada menos que contra la Federación de Rusia) asistió a la asunción de un país que, a simple vista, parece ajeno a dicho conflicto geopolítico, marcando de este modo un quiebre inequívoco y profundo con la histórica tradición diplomática argentina.
Del otro lado del charco
Resulta innegable que la administración de Milei ha impreso un giro drástico a gran parte de las relaciones diplomáticas que supieron mantener y cultivar los sucesivos gobiernos de corte peronista y kirchnerista. En términos de alineación internacional, pasamos de ser una nación posicionada con un pie y medio en la izquierda, a una que mantiene ambos pies firmemente plantados en la derecha, evidenciando una clara e indisimulable preferencia por el eje compuesto por las democracias occidentales. Para comprender este cambio de paradigma con mayor profundidad y analizarlo en detalle, resulta oportuno mencionar el caso del acuerdo de intercambio de divisas, conocido como swap, con la República Popular China.
Si bien en un principio el presidente Milei manifestó intenciones de no renovar dicho acuerdo, pronto comprendió una realidad insoslayable para los especialistas en la materia: la economía de Argentina necesita a China en mucha mayor medida de lo que China necesita a la Argentina. No se debe malinterpretar esta coyuntura; resulta sumamente lógico que, si una administración tiene la voluntad política de forjar una alianza estratégica con Washington, sienta la necesidad de tomar cierta distancia de Beijing, pero la contundente realidad económica del país terminó por imponerse. Como corolario de esta transición, ya para el año 2025 se oficializó una medida ampliamente anticipada: la concreción del swap con los Estados Unidos, sellando de una vez por todas el viraje estratégico de la nación.
Otro ejemplo insoslayable que nos permite dimensionar esta transformación es, como se mencionó anteriormente, la sorpresiva presencia de Zelensky en el acto de asunción presidencial. Indudablemente, constituyó un suceso sumamente inesperado, pero que al mismo tiempo funcionó como una declaración de intenciones de inusitada contundencia ante los ojos de la comunidad internacional. No constituye ningún secreto la estrecha relación y el nivel de cooperación que mantenían las administraciones kirchneristas con el Kremlin y con su máxima autoridad, Vladimir Putin; un vínculo que incluso motivó acercamientos directos durante la gestión del expresidente Alberto Fernández para facilitar la llegada de la vacuna Sputnik V, erigiéndose como un símbolo irrefutable de la afinidad ideológica que se buscaba cimentar en aquel entonces.
Este marcado distanciamiento de la órbita de Rusia y el consecuente acercamiento a Ucrania, personificado a través de la figura de Zelensky, es un fiel reflejo de la nueva doctrina diplomática nacional, ahora plenamente alineada con Occidente. No obstante, este no es el único testimonio de cómo las relaciones exteriores argentinas han experimentado un giro radical, ni tampoco el único alejamiento de las amistades internacionales controvertidas cultivadas durante la era kirchnerista. Basta con hacer memoria y recordar la profunda afinidad tanto ideológica como económica que sostuvieron dichos gobiernos con el régimen chavista imperante en Venezuela, liderado en sus inicios por Hugo Chávez y, posteriormente, por Nicolás Maduro. Se trató de una conexión política que permanentemente generó controversias y despertó serias interrogantes en torno a la transparencia de los acuerdos bilaterales celebrados. De manera análoga, la decisión soberana de Milei de declinar formalmente la invitación para integrar el bloque de los BRICS terminó por consolidar de manera definitiva este rumbo hacia el hemisferio occidental.
Pese a lo expuesto, existe un capítulo aún más intrincado y dolorosamente sensible en la historia reciente de la política exterior argentina, el cual demanda un análisis pormenorizado en el siguiente apartado: la extensa y sumamente tensa relación entre la República Argentina y la República Islámica de Irán. Este vínculo debe ser examinado especialmente a la luz de los trágicos eventos que han dejado una cicatriz profunda en el país, y que la administración actual evidencia la firme intención de abordar desde una óptica completamente diferente.
Desde Teherán con amor
Nuestro país sufrió, en los años 1992 y 1994, dos ataques terroristas de magnitudes devastadoras: el primero dirigido contra la embajada de Israel, y el segundo contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), tragedias que arrojaron un saldo estremecedor de más de 500 heridos y más de 100 víctimas fatales. Los autores de dichas masacres, de acuerdo con los dictámenes probatorios de la propia justicia argentina, fueron la organización miliciana chií Hezbolá, operando en connivencia con el gobierno iraní.
Si bien ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde la perpetración de ambos atentados, esto de ninguna manera implica que se trate de una herida ya sanada en la sociedad, ni mucho menos que carezca de relevancia frente a la coyuntura contemporánea; fundamentalmente porque las facciones que detentaban el poder en Irán en aquel entonces son, en esencia, las mismas que lo ejercen en la actualidad, o bien mantienen una continuidad directa. El núcleo del problema radica en que nuestros representantes políticos, muy lejos de abocarse a la búsqueda de justicia o de propiciar el esclarecimiento de los hechos, optaron por la firma de un vergonzoso memorándum con el propio Estado iraní, mediante el cual se comprometían a prestar ayuda mutua en la investigación.
Este pacto diplomático, que ha pasado a la historia como el tristemente célebre Memorándum de Entendimiento, no solo fue categóricamente rechazado por el poder legislativo de Irán, como era de esperarse, sino que, además, fue declarado inconstitucional por las máximas instancias judiciales de nuestro país. Hablando con absoluta honestidad, ¿acaso existía alguna persona que verdaderamente creyera que los responsables de accionar las armas estarían dispuestos a incriminarse a sí mismos mediante este instrumento? Resulta hasta cierto punto tragicómico, y profundamente irracional, siquiera llegar a contemplarlo como una posibilidad fáctica.
Nuestra nación, independientemente de la afinidad religiosa que el presidente Milei pueda profesar hacia el judaísmo, se consolida estadísticamente como el sexto país con mayor población judía a nivel mundial, y ostenta el primer lugar en toda Latinoamérica. Cuando analizamos a Irán, nos estamos refiriendo a una nación o a un régimen teocrático que alberga como objetivo manifiesto la destrucción sistemática del pueblo judío; lo cual constituye una amenaza de carácter existencial que no puede ser ignorada bajo ningún pretexto. Desde mi perspectiva, este escenario configura una justificación más que suficiente para que la Argentina abandone definitivamente su tradicional postura de neutralidad, sin que ello implique necesariamente la entrada directa en un conflicto bélico con otra nación.
¿Qué están defendiendo?
Cualquiera podrá encontrarse en mayor o menor grado de acuerdo con los lineamientos del gobierno actual, ya sea en materia de política económica o en diversas esferas de la gestión. Sin embargo, ejercer una crítica hacia la postura diplomática adoptada frente al conflicto con Irán carece de fundamentos morales sólidos que la sustenten. La historia reciente de la Argentina, ineludiblemente marcada por la oscura sombra de los atentados terroristas y por el establecimiento de lazos internacionales altamente controversiales, ha demostrado con creces que la neutralidad funcionó, a menudo, como una mera excusa retórica para encubrir la complicidad o justificar la inacción del Estado.
El giro estratégico que presenciamos en la actualidad no debe ser interpretado únicamente como una preferencia de índole ideológica, sino que se erige como una auténtica obligación de carácter moral, y como una estrategia indispensable de supervivencia nacional. La Argentina, respaldada por su peso histórico y su conformación demográfica, no solo carece de margen para sostener la neutralidad, sino que tiene el deber ético de liderar en la región la voz de la condena al terrorismo y la defensa irrestricta de la libertad, sellando de una vez y para siempre un pasado caracterizado por la vergüenza y la ambigüedad institucional.
Cierre
Si bien es mi costumbre habitual finalizar estas columnas ofreciendo una síntesis conclusiva, en esta oportunidad particular deseo extender una invitación a ustedes, los lectores, para llevar a cabo una pequeña pero profundamente necesaria reflexión ciudadana. Resulta un fenómeno sumamente frecuente en nuestro país la tendencia a asentir o disentir frente a una medida basándonos de forma exclusiva en si apoyamos o no al político de turno (una dinámica que he abordado con mayor detenimiento en una nota anterior dedicada al fanatismo político en Argentina). Quiero que, tomando como punto de partida este caso específico, seamos capaces de tomarnos el tiempo para analizar críticamente qué sucedería si fuese un dirigente de nuestro propio espacio político quien actuara de esta manera.
De igual forma, dirijo esta invitación a los partidarios y seguidores del actual gobierno, instándolos a reflexionar con espíritu analítico si verdaderamente la forma en la que se abordó este delicado conflicto era la más necesaria; si las palabras utilizadas en el discurso oficial fueron las más correctas; y, finalmente, plantearse qué ocurriría si fuese otra figura política la que se encontrase a cargo de la administración del Estado.
