El 10 de diciembre de 2025 marca el segundo aniversario del gobierno de Javier Milei, presidente que irrumpió en la política nacional con un discurso disruptivo y una agenda de reformas de alto voltaje. A dos años de su asunción, el país muestra signos de estabilización macroeconómica inéditos en décadas, con la inflación controlada y las cuentas fiscales ordenadas. Sin embargo, ese orden se logró a costa de un ajuste sin precedentes, con despidos, recortes de subsidios, caída del consumo y tensiones sociales visibles en la calle. El libertario que prometía “dinamitar el status quo” cumplió parte de ese mandato con un giro drástico en lo económico, aunque con promesas aún pendientes y una sociedad profundamente polarizada.
Desde el día uno, Milei aplicó un “shock” fiscal para frenar la inflación y eliminar el déficit. La receta fue clara: reducción del gasto público, congelamiento de salarios estatales y paralización casi total de obras públicas. También se eliminaron subsidios clave y se ajustaron partidas sociales. El resultado fue una caída abrupta de la inflación, que pasó del 211% anual en 2023 a aproximadamente 30% en 2025. El ritmo mensual de aumentos de precios se redujo de más del 25% a cerca del 2%, un hito que el Gobierno destaca como su principal logro. Esta desaceleración inflacionaria, sin embargo, vino acompañada de una contracción en la actividad, el consumo y los ingresos reales de buena parte de la población.
En paralelo, la administración logró otro objetivo estructural: el superávit fiscal. Tras más de una década de déficit crónico, Argentina cerró 2024 con un superávit del 1,8% del PIB, lo que mejoró su posición financiera internacional. El riesgo país cayó de 2.000 puntos a la zona de 600 y el país volvió a colocar deuda en los mercados internacionales. Esto, sumado al fin del cepo cambiario y una política de peso fuerte, trajo alivio a inversores, importadores y exportadores. Sin embargo, la misma política monetaria generó tensiones sobre las reservas del Banco Central y episodios de volatilidad que todavía persisten. El orden fiscal fue celebrado por los mercados, pero su costo social es parte del debate.
La estructura del Estado fue recortada de forma drástica. Milei redujo los ministerios de 18 a 8, fusionando áreas y eliminando decenas de organismos. Se despidió a casi 59.000 empleados públicos (17% de la planta nacional) entre 2023 y 2025. Empresas como el Correo, Aerolíneas y CONICET fueron fuertemente achicadas. El lema de la “motosierra” se hizo carne, y si bien redujo gastos, también disparó la conflictividad sindical. En el plano productivo, el gobierno eliminó controles de precios, liberó importaciones y bajó retenciones. En 2025, las economías regionales (como la vitivinicultura cuyana) quedaron exentas del impuesto a la exportación, lo que fue celebrado por sectores del agro, aunque condicionado a los futuros superávits.
En minería y energía se registraron avances clave. El litio y el cobre fueron declarados estratégicos, y se eliminaron retenciones para 231 productos mineros. Esto impulsó grandes inversiones, como el Proyecto Vicuña en San Juan, estimado en USD 15.000 millones. Provincias como Jujuy, Salta y Mendoza también se vieron beneficiadas. No obstante, la gestión chocó con sectores ambientalistas: el intento de flexibilizar la Ley de Glaciares fracasó en 2024 y sigue generando polémica. Milei propone delegar la autorización de proyectos a las provincias, mientras ONG y vecinos insisten en los riesgos para las fuentes hídricas. El dilema entre desarrollo y preservación sigue abierto, especialmente en zonas de cordillera.
La economía comenzó a repuntar en 2025 tras un primer año de recesión. Se proyecta un crecimiento del 5%, con recuperación de sectores como minería, energía y servicios financieros. La pobreza bajó al 31% según UNICEF, el nivel más bajo desde 2018, lo que implica que unos 9 millones de personas salieron de esa condición. Este alivio se vincula a la desaceleración de precios, aunque un tercio del país sigue afectado. El salario real, que se desplomó en 2024, empezó a recuperarse levemente a fines de 2025. El dólar blue se estabilizó y la brecha cambiaria se redujo, devolviendo algo de previsibilidad. La clase media, sin embargo, aún siente el peso del ajuste en tarifas y pérdida de subsidios.
El impacto negativo se concentró en PyMEs, industria y sectores vulnerables. Se estima que 17.000 empresas más cerraron que las que abrieron en este período. La desocupación subió al 7,6%, el nivel más alto desde 2021. En Cuyo, bodegas y fábricas tradicionales enfrentaron una competencia importada feroz y subas en costos de energía, lo que obligó a achicar personal. Los jubilados también fueron fuertemente afectados: con haberes licuados por la inflación y sin actualización acorde, protagonizaron varios reclamos frente al Congreso. La quita de subsidios elevó las tarifas y erosionó ingresos reales. La protesta social fue constante: paros nacionales, marchas semanales y conflictividad creciente en la calle marcaron el pulso social de estos dos años.
La respuesta del Gobierno fue en varios casos confrontativa. Las fuerzas de seguridad reprimieron marchas y se denunciaron causas judiciales contra gremialistas por “sedición”. La oposición acusó al Ejecutivo de criminalizar la protesta, y organismos de derechos humanos documentaron episodios de represión. Si bien en los últimos meses se evitó una escalada represiva, el malestar persiste. Según encuestas recientes, el 62% de los argentinos considera que su situación económica es peor que un año atrás. Solo el núcleo libertario mantiene una aprobación fuerte. La sociedad aparece dividida en dos realidades paralelas: los que celebran el orden logrado y los que sufren el costo de ese orden.
En lo político, Milei fortaleció su posición. En las legislativas de octubre de 2025, su espacio superó el 40% de los votos y ganó bancas clave. Su imagen ronda el 49% de aprobación, mejor que la de sus antecesores en esta etapa. En provincias como San Juan, Mendoza y Córdoba, sus candidatos obtuvieron buenos resultados, lo que muestra un crecimiento territorial. La oposición aparece fragmentada y sin liderazgos claros. Esto le da al presidente más margen para avanzar en su segunda mitad de mandato, donde buscará aprobar reformas estructurales: laboral, tributaria y otras que quedaron pendientes. La clave será convertir el respaldo electoral en consensos legislativos sostenidos.
Mirando hacia 2027, el gran desafío será transformar la estabilidad macro en bienestar real. Las reformas laborales y tributarias aún no avanzaron, y otras como la dolarización o la eliminación del Banco Central fueron desactivadas o postergadas. Milei también deberá mostrar resultados tangibles en empleo, poder adquisitivo y desarrollo productivo para sostener sus niveles de apoyo. El escenario global puede jugar a favor (mayores precios de commodities) o en contra (inestabilidad financiera). Su reelección es posible, pero no está garantizada. Los próximos dos años definirán si el experimento libertario se consolida como nuevo orden o queda como un paréntesis de alta intensidad.
En resumen, el balance de Milei muestra luces y sombras. Ordenó las cuentas y frenó la inflación, pero a costa de un ajuste con impacto profundo en empleo, consumo y servicios públicos. Redefinió el rol del Estado y plantó un nuevo paradigma político, aunque sin resolver aún el problema de fondo: cómo lograr que la economía crezca con inclusión. En Cuyo y el resto del país, el segundo tiempo de gestión será observado con lupa. Las promesas cumplidas ya tienen su lugar en la historia; lo que viene determinará si Milei deja una marca estructural o solo una etapa de transición.
