El proyecto de reforma laboral volvió a modificarse tras la decisión del Gobierno nacional de retirar el artículo 44, que proponía introducir cambios en el régimen de licencias por enfermedades inculpables. De esta manera, continúa plenamente vigente lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sin alteraciones en uno de los puntos más debatidos entre empresarios y representantes sindicales.
La iniciativa descartada apuntaba a modificar el sistema de pago durante los períodos en que un trabajador no puede cumplir tareas por razones de salud ajenas a su actividad laboral. Con su eliminación, se mantiene el esquema tradicional: el empleador debe abonar el 100% del salario, con sus respectivas cargas sociales, por plazos que varían entre tres y seis meses según la antigüedad, y que pueden extenderse hasta doce meses cuando existen cargas de familia.
El texto original contemplaba un esquema segmentado. Si la enfermedad o el accidente no laboral derivaba de una acción voluntaria que implicara riesgo para la salud, el trabajador hubiera percibido el 50% del salario, con cobertura de tres meses —o seis, en caso de tener familiares a cargo—. También se proponía que las enfermedades crónicas solo generaran derecho a un nuevo período pago si habían transcurrido más de dos años desde el último episodio.
En los casos donde la afección no estuviera vinculada a una conducta voluntaria, el porcentaje previsto era del 75%, bajo los mismos plazos. El proyecto además establecía que eventuales suspensiones por motivos económicos o disciplinarios no afectarían el derecho a percibir esos montos durante la convalecencia.
Antes de su eliminación, desde el Ejecutivo se había analizado una alternativa: que el pago durante la licencia fuera no remunerativo, permitiendo que el trabajador cobre el 100% del ingreso sin descuentos de cargas sociales. También se evaluó mantener la redacción original y avanzar luego con una ley específica que garantice el salario completo en casos de enfermedades graves. Hasta el momento, no se confirmó cuál será el camino legislativo.
La decisión generó repercusiones en el sector industrial. La Unión Industrial Argentina (UIA) había participado activamente en las discusiones técnicas. Su presidente, Martín Rappallini, señaló en declaraciones públicas que el tratamiento del tema fue “profundo” y que la entidad había propuesto un esquema donde el salario se abonara al 100%, pero sin carácter remunerativo, para que parte del costo fuera absorbido por el Estado.
Desde la central fabril sostienen que el sistema argentino concentra en el empleador la totalidad del costo durante la licencia médica, a diferencia de otros países de la región donde, tras un período inicial cubierto por la empresa, intervienen fondos estatales o seguros específicos. Además, plantean preocupación por la reiteración de certificados médicos y la falta de previsibilidad en el ausentismo.
Más allá de este punto puntual, en el empresariado aseguran que evalúan el proyecto de reforma en su conjunto y no consideran determinante la eliminación del artículo 44 si el resto del paquete avanza en el Congreso. Sin embargo, advierten que la cuestión vinculada a los certificados médicos y la litigiosidad en el fuero laboral continúa siendo un tema pendiente.
Con la normativa actual sin modificaciones, las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— deberán seguir afrontando el pago íntegro del salario durante las licencias por enfermedad inculpable, con el impacto que ello representa en su estructura de costos. El debate legislativo, no obstante, permanece abierto.
