El Gobierno nacional avanzó con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional y redefine el funcionamiento del sistema de inteligencia del país. La medida concentra mayores atribuciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y declara confidenciales todas las actividades vinculadas al sector.
El decreto, que será publicado en el Boletín Oficial este viernes 2 de enero, apunta a una reconfiguración integral del esquema de inteligencia, con un fuerte proceso de centralización, reorganización interna y ampliación de facultades operativas. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es dotar al sistema de mayor eficiencia y reducir riesgos estratégicos para el Estado.
Uno de los puntos más sensibles de la norma es la declaración de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, lo que limita el acceso público a la información vinculada al área y refuerza el carácter reservado del accionar estatal en esta materia.
Además, el DNU otorga nuevas facultades a los agentes de inteligencia, quienes podrán aprehender personas en situaciones de flagrancia o cuando exista una orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Este aspecto generó cuestionamientos y abrió un fuerte debate político y jurídico, ya que la norma deberá ser revisada por el Congreso Nacional.
En el plano organizativo, el decreto transforma la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, con foco en la prevención de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia extranjera y operaciones de influencia contra el orden constitucional o los intereses estratégicos del país.
Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una modernización necesaria del sistema, distintos sectores anticipan un intenso debate legislativo y advierten sobre los alcances institucionales y democráticos de la reforma.
