La investigación judicial por presuntas estafas contra la concesionaria de motos Branka Motors, ubicada en pleno centro de la ciudad de San Juan, avanzó este miércoles con una medida de alto impacto: el allanamiento del local comercial y el secuestro de documentación considerada clave para la causa.
El procedimiento fue ordenado por la Justicia y ejecutado por personal policial bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Heredia, quien encabeza una causa que se activó tras la multiplicación de denuncias de clientes que aseguran haber abonado motocicletas que nunca recibieron.
Durante el operativo, realizado en horas de la noche, se secuestraron celulares y distintos papeles que ahora serán sometidos a peritajes con el objetivo de reconstruir el circuito de las operaciones comerciales y determinar responsabilidades.
Según trascendió en el ámbito judicial, la decisión de allanar el comercio se tomó ante el volumen creciente de presentaciones, que en las últimas horas habría superado las 170 denuncias, de acuerdo a lo informado por el abogado Filomena Noriega, representante legal de un grupo de damnificados.
Las denuncias describen maniobras similares: compradores que habrían pagado el valor total de las motocicletas —en algunos casos en efectivo— sin recibir luego el rodado ni obtener el reintegro del dinero. Mientras se desarrollaba el allanamiento, varios damnificados se acercaron al local para exigir respuestas, en un clima de fuerte malestar.
En paralelo, y tras el escándalo público generado por las denuncias, Branka Motors difundió un comunicado en el que informó que pausó sus operaciones. “Entendemos la preocupación y queremos llevar tranquilidad. La empresa está presente, ordenando cada situación y trabajando para abordar los casos uno por uno de forma responsable”, expresaron desde la firma.
No obstante, no quedó claro si esta pausa responde a cuestiones de seguridad —tras episodios de tensión registrados en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo— o a problemas vinculados al manejo interno de la empresa, sobre la que también circulan versiones de una posible quiebra.
En las últimas horas, además, comenzaron a mencionarse públicamente tres nombres que estarían vinculados a la empresa o actuarían como representantes: Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega. Sin embargo, una fuente con acceso al expediente los definió como posibles intermediarios, dejando entrever que podría haber un responsable directo aún no identificado.
La causa continúa en plena etapa investigativa y quedó radicada en la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, mientras la Justicia busca determinar el alcance real de las maniobras denunciadas y establecer si existieron más personas involucradas.
